La responsabilidad del Estado provincial en la desaparición y seguridad de las víctimas de la trata, con un indignante presupuesto

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La responsabilidad del Estado provincial en la desaparición y seguridad de las víctimas de la trata, con un indignante presupuesto.

La adolescente denunció a un miembro del ministerio Público de la Defensa como cliente de trata y estuvo desaparecida varios días, estaba bajo el cuidado del COPNAF y del ministerio de Romero, que destina al programa de trata cifras ínfimas.

Durante casi cuatro días se desconoció el paradero de María de los Ángeles Gómez, que estaba a cargo del cuidado del COPNAF luego de haber sido sometida por su propia madre a la prostitución.

En una audiencia, la adolescente de 17 años había reconocido y denunciado como uno de los clientes de la trata a un miembro del ministerio Público de la Defensa, que conduce Maximiliano Benítez y que recientemente integra Pablo Biaggini.

Luego de ese hecho, fue trasladada a un hogar del COPNAF en Paraná pero el pasado martes desapareció repentinamente, por lo que empleados del organismo temían por su integridad física, debido a la gravedad de la denuncia que había realizado.

Finalmente, luego de que una publicación de este Portal con su imagen se viralizara, este viernes se comunicó desde la fiscalía de menores su aparición en buen estado de salud, aunque no trascendieron detalles de dónde estuvo todo ese tiempo, con quién o qué hizo.

Se trata de un caso gravísimo en el que cabe preguntarse por qué la joven no recibió la asistencia y la protección de todos los organismos del Estado involucrados.

En nuestra provincia, la ley 10.032 crea el Programa de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, que tiene como objetivos “dirigir la acción de los tres poderes del Estado a impedir la vulneración de los derechos humanos por razón de la trata de personas” y “generar las condiciones necesarias para que las medidas que se tomen contra la trata de personas no redunden en desmedro de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas.

Este programa se incluye en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación de la provincia de Entre Ríos y es presidido por la persona titular de esta cartera, actualmente, Rosario Romero.

Hay un detalle nada menor que es sumamente indignante que tiene que ver con que el presupuesto con el que este programa debe llevar adelante todas estas acciones es ínfimo: 343 mil pesos.

Así, ni un peso más ni un peso menos. Parece que hubiera un error, pero no. Son 343 mil pesos. Se puede chequear en el Presupuesto oficial de la provincia de Entre Ríos para el ejercicio 2021.

En todo un año, se destina a “impedir la vulneración de los derechos humanos por razón de la trata de personas”, lo mismo que el Estado entrerriano le paga en un mes a un legislador, de esos que se sientan a levantar la mano desde sus casas una vez cada tanto, y que incluso están vacunados contra el coronavirus, como Nancy Miranda, Ester Gonzáles o Silvia Moreno.

Es más, el número, según trascendidos, es medio sueldo mensual del titular del EPRE, José Carlos Halle, o un poco más de lo que le entra a la cuenta en concepto de salario a funcionarios como Alicia Benítez, Silvio Vivas, Fernando Cañete, y muchos otros.

En plena Ley de Emergencia y pandemia, varios organismos provinciales renovaron su flota automotriz comprando autos y camionetas por 3, 4 y 5 millones de pesos, pero el programa para las víctimas de trata tiene 343 mil pesos anuales de presupuesto.

El programa es integrado por un representante de la Secretaría de Justicia; la dirección de Trata de Personas de la Policía de la provincia de Entre Ríos; la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito; la Subsecretaría de Derechos Humanos; la Secretaría de Salud; el Ministerio Público Fiscal; la Dirección Provincial del Trabajo; el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia; el Consejo General de Educación; dos miembros de Organizaciones no Gubernamentales; y la Dirección de la Mujer.

Cabe mencionar que la gran parte de esos organismos públicos está presidida o integrada por representantes del sector político de la ministra Rosario Romero, como la secretaría de Justicia, de la que recientemente salió Pablo Biaggini, para ocupar un cargo en el ministerio Público de la Defensa, de donde es la persona denunciada por la adolescente.

Este programa tiene como fin llevar adelante acciones destinadas a la prevención, la asistencia y la recuperación de las personas víctimas de trata y sus familias, cosa que debería hacer en un año con 343 mil pesos en toda la provincia.

Es más, en el artículo 13 se precisa que “para la protección de las víctimas la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito dispondrá de los recursos necesarios para el alojamiento adecuado conforme la edad y sexo, alimentación, vestimenta, higiene personal, asistencia jurídica, médica y psicológica”.

Y principalmente: “para que puedan obtener protección frente a posibles represalias contra su persona o su familia, protección de su identidad e intimidad”.

En el caso de María de los Ángeles, todos estos ítems fallaron porque la adolescente estuvo desaparecida cuatro días, y muchos trabajadores del COPNAF incluso temieron por su vida, ya que es un testigo clave para inculpar gravemente a un importante funcionario del ministerio Público de la Defensa.

Resulta llamativo que el hallazgo se haya producido apenas horas después de que la publicación de este Portal con su imagen se viralizara y que no se haya explicado en qué condiciones se la encontró, cómo, dónde y con quién estuvo, entre otros tantos interrogantes.

La falla de los organismos estatales, principalmente del ministerio de Gobierno y Justicia que conduce Rosario Romero, a la hora de proteger a esta joven es evidente y sumamente preocupante.

El número destinado en el presupuesto es, en sí, otro hecho de violencia para con las mujeres, niñas y adolescentes de la provincia que son víctimas de trata, ya que el Estado que debe protegerlas y garantizar su seguridad las menosprecia y tiene una extensísima lista de superfluas prioridades por encima de ellas.

El Estado entrerriano y todos aquellos organismos que debían actuar para garantizar la seguridad de una adolescente que tuvo el valor de denunciar a un alto funcionario como cliente de la trata, fallaron y les fallan a esta y a otras víctimas desde el mismo momento en que se firma y aprueba un presupuesto indignante.

Son 343 mil pesos. Trescientos cuarenta y tres mil pesos. Destinados a proteger a las víctimas de trata.

A las señoras y señores legisladores, a la ministra Rosario Romero, a la vicegobernadora Laura Stratta, a las funcionarias del gobierno provincial, a las mujeres de esta gestión que dicen levantar las banderas de la igualdad y de los derechos, mínimamente, debería darles vergüenza.

Fuente: el Portal de Ricardo David.


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