La Justicia investiga quiénes son los responsables del doble sueldo de Moreyra: ¿Bordet, Stratta, o Cañete?

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Justice investigates who are responsible for the double salary of Moreyra: Bordet, Stratta, or Cañete?

Fiscalía averigua quién o quiénes permitieron que el funcionario denunciado penalmente se llevara más de 200 mil pesos mensuales del Estado provincial.

Luego de que Claudio Moreyra fuera penalmente denunciado por percibir dos sueldos del Estado provincial, surge la pregunta de quién tiene la responsabilidad por el daño generado al erario público.

Por un lado, Moreyra es empleado del Instituto de Obra Social de la provincia, donde percibe un sueldo de casi 60 mil pesos, y, por el otro, es funcionario del Senado de la provincia con un salario de más de 123 mil pesos.

Sin embargo, la investigación que conduce la fiscal patricia Yedro deberá centrarse ahora en su condición laboral en cada uno de esos lugares, para determinar las responsabilidades correspondientes.

Es que si aparece como contratado, quien firma el compromiso es el titular del organismo, es decir, la vicegobernadora Laura Stratta en el caso del Senado, o Fernando Cañete en el Iosper.

Si, en cambio, Moreyra es personal de planta, en la obra social su designación necesariamente lleva la firma del gobernador, que desde 2015 es Gustavo Bordet, mientras que en el Senado llevaría la de Stratta.

De todos modos, tampoco hay que soslayar que tanto en el Iosper que preside Cañete como en el Senado que preside Stratta, a la hora de liquidar el sueldo del funcionario, aparecía que percibía también un salario en otro organismo público.

Fue de esa forma que se detectó en el Iosper que Moreyra percibía otro sueldo además del de la obra social, ya que los descuentos por aportes se le realizaban por duplicado.

Además, habría que analizar qué ocurre en caso de que figurara en planta en ambos organismos, es decir, bajo la responsabilidad tanto de Bordet como de Stratta.

La situación es grave porque se trata de una seria incompatibilidad que ya cuenta con antecedentes de denuncias y condenas.

Un caso relevante fue el de la nuera de la ex senadora nacional Elsa Ruiz Díaz, Antonella Belluzzo, de Victoria.

En una investigación llevada adelante por el fiscal Juan Malvasio se comprobó que Belluzzo cobraba tanto en el Senado de la Nación como en el Copnaf, por lo que en mayo de 2020 acordó con el juez Ruhl devolver uno de sus sueldos, perdió el cargo en el Copnaf y fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos.

En el caso de Moreyra ahora las miradas se centran en su condición laboral en cada uno de los organismos que integra.

Si en el Iosper es contratado, la responsabilidad recae sobre el presidente Fernando Cañete, que le pagaba un sueldo a pesar de que ya percibía otro en otro organismo público.

De igual manera ocurre con el Senado, y el compromiso sería de Stratta en caso de que su firma figurara en el contrato de Moreyra.

Tanto la vicegobernador como el titular del Iosper podrían jugar a hacerse los distraídos en caso de que el funcionario figurara como contratado en el otro organismo.

Sin embargo, los trabajadores del Senado aseguran que Moreyra no habría concurrido nunca a las oficinas, por lo cual cabe preguntarse por qué la vicegobernadora permitía que se pagara un sueldo para un funcionario que no concurría a trabajar.

Luego de que los empleados de la obra social denunciaran ante este Portal la incompatibilidad en la que incurría Moreyra, este fue denunciado penalmente.

Ahora es la fiscal Patricia Yedro quien debe investigar la situación y dar con los responsables de este perjuicio al erario público.

La denuncia penal generó un escándalo en el senado y en la obra social, que ya venía siendo foco de otros reclamos por diversas irregularidades.

Además, los trabajadores denuncian que todos los funcionarios del organismo perciben dobles sueldos, aunque los ocultarían del resto de los empleados en el sistema.

Luego de que la causa de Moreyra se convirtiera en un escándalo tras la denuncia penal, queda por verse quiénes son los verdaderos responsables por un nuevo perjuicio al erario público entrerriano.


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