La diputada Moreno, a pesar de no ser “estratégica”, reconoció que fue vacunada contra el covid

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The deputy Moreno, despite not being “strategic”, acknowledged that she was vaccinated against the covid.

Los fiscales deberían investigar y abrir causas a los responsables por tráfico de influencias, incumplimiento del funcionario público y malversación de fondos públicos, algo que el propio Solanas reconoció como delito y que el privilegio genera zozobra y descreimiento en la sociedad y que este tipo de privilegio no debería existir.

En medio del escándalo suscitado a nivel nacional y provincial por el vacunatorio vip, la diputada provincial Silvia Moreno reconoció que ella ya recibió la vacuna contra el coronavirus.

El argumento que utilizó para justificar que lo hiciera antes que trabajadores esenciales y pacientes de riesgo es insólito. En primer lugar, no usó el argumento de lo estratégico que encontró el gobierno provincial, sino que aseguró que la llamaron desde el hospital para avisarle que sobraban vacunas y que concurriera a aplicársela, porque supuestamente sería paciente de riesgo, aunque se desconoce por qué patología.

Antes que Moreno, los adultos mayores de la provincia deben recibir la vacuna por ser particularmente vulnerables ante este virus, como los pacientes de riesgo. Alguno de ellos debería haber recibido esa vacuna que “sobraba”, pero la diputada no pensó en los más vulnerables.

Además, la aclaración no se hizo de la mejor manera, por lo insólito del argumento, que desprestigia la envestidura de diputada.

La representante del pueblo entrerriano no pensó en los más de 75 mil adultos mayores que residen en la provincia, que podrían verse afectados severamente por el virus, para quienes la vacuna es una esperanza.

Moreno confirmó que ella misma se pudo vacunar, resta desmentir si también recibieron las dosis sus parientes y amigos, porque “sobraban” vacunas.

En tanto, entre los legisladores vacunados, además de que lo reconociera Moreno, están en el listado la senadora Nancy Miranda; Esther González; y la presidenta del Senado, Laura Stratta; y su marido, Marcelo Bertelotti, que no ocupa cargos públicos.

También merece una mención el diputado provincial Julio Solanas, que emitió un comunicado en el que salió a desligarse del tema, desmintiendo que él fuera inmunizado.

Evidentemente, si la nota en la que aparecía su nombre hubiera sido para halagar sus dotes de futbolista, o su calidad como legislador, hubiera aplaudido la publicación en lugar de salir a denunciarla como un hecho delictivo.

Ni Solanas ni aquellos que rápidamente buscaron deslindar sus nombres del escándalo, se preguntaron o investigaron cómo se llegó a conformar el listado ni quién está a cargo.

Solanas, a quien el pueblo de Paraná honró dos veces con la intendencia de la ciudad, a quien los entrerrianos honraron con la diputación nacional primero y provincial, no se preocupó ni veló por el derecho de los vecinos de la provincia a acceder equitativamente a la vacuna, según las prioridades preestablecidas.

El legislador simplemente defendió su propia figura, pero no cuestionó por un instante el indignante y polémico argumento que utilizó el gobierno provincial para vacunar a funcionarios, parientes y amigos del poder antes que a trabajadores esenciales y personas de riesgo.

No habló de los posibles delitos que se cometieron, como tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, entre otros.

“Estratégico”, fue la palabra que encontró el oficialismo para justificar el escándalo.

De todos modos, nadie se preguntó por qué la provincia mintió tres veces sobre este aberrante hecho que significa la vacunación de personas totalmente sanas y sin factores de riesgo ni trabajos esenciales en medio de una pandemia.

Primero, cuando todavía no se hablaba de vacunaciones vip, el gobierno provincial ocultó que existiera un supuesto plan estratégico de inmunización para determinados integrantes del Estado.

Después, cuando ya se había desatado el escándalo a nivel nacional, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, fue enviada a pararse ante los medios afines al poder para negar rotundamente que en Entre Ríos existiera un vacunatorio vip.

Por último, luego de que este Portal diera a conocer el listado de quienes se inmunizaron indebidamente, el gobierno entrerriano volvió a mandar a Velázquez a dar la cara y explicar lo inexplicable: el plan estratégico.

En esas tres oportunidades, el gobierno provincial ocultó, falseó o maquilló la verdad.

Pero lo que no se puede esconder es la indignación de los vecinos, la bronca de quienes vieron morir a parientes o amigos durante la pandemia a causa de este virus y la desilusión de quienes depositaron su confianza en las autoridades de turno para conducir de la mejor manera posible los destinos de la provincia durante la pandemia.

Pero los hechos acontecidos dejaron de manifiesto la calidad de las personas que representan al pueblo entrerriano. Pusieron en evidencia el egoísmo, individualismo y la miseria de los gobernantes actuales, que privilegiaron primero sus propios intereses, luego los de familiares y amigos, y dejaron para lo último, con las sobras, a los entrerrianos que dejan sus vidas cumpliendo su labor en el sistema sanitario o en la seguridad pública y a aquellos que por sus condiciones de salud son más vulnerables que otros frente al virus.

A nivel nacional, el escándalo le costó el cargo a Ginés González García. En Entre Ríos se inventó la excusa de lo estratégico para justificar lo injustificable y todo sigue como siempre, bajo la premisa madre de los gobiernos justicialistas locales: “la gente a los siete días se olvida”.

De todos modos, difícilmente se olvide una vecina del barrio Lomas de más de 80 años que todavía no pudo inscribirse al sistema para esperar la vacuna porque le piden requisitos irrisorios; no lo olvidarán tampoco quienes durante esta pandemia perdieron a sus seres queridos ni quienes en este momento están batallando por sus vidas; ni lo dejarán pasar los trabajadores esenciales que temen por su salud y la de sus familias mientras cumplen con sus servicios a la comunidad a cambio de sueldos miserables.

Esta vez no se trata de un simple hecho de corrupción, no es solo el dinero del erario el que está en juego, que ya sería gravísimo, sino que aquí se trata de un acto absolutamente inmoral, de arrebatarle a un trabajador esencial o a una persona de riesgo la que probablemente sea la única chance de sobrevivir si es expuesto al virus.

Lo que el vacunatorio vip provincial puso de manifiesto es la inmoralidad de quienes toman las decisiones, la falta de respeto para con la vida del prójimo, de otros seres humanos.

Por si fuera poco, los que no pusieron su nombre entre el listado de vacunados salen a predicar la moral desligándose de la inmunización vip, pero sin cuestionar las causas de fondo que permitieron que este escándalo y esta burla a la población se llevara adelante, y sin apuntar contra los verdaderos responsables.

Tendrán que explicar las autoridades provinciales por qué personas que no trabajan en salud son consideradas estratégicas y por qué lo son la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila, y el esposo de la vicegobernadora Marcelo Bertelotti, dos personas que no integran el gobierno provincial, al menos que se sepa, porque tras más de un año de gestión se sigue ocultando la nómina de funcionarios.

El vacunatorio vip generó escándalo y bronca porque lo que está en juego es la salud, porque estamos en medio de una pandemia que cambió para siempre la realidad de las personas; porque los estudiantes no pudieron pisar un aula en todo el año; porque miles de trabajadores privados se quedaron en la calle; porque cientos de empresarios privados vieron desmoronarse los sueños de sus vidas; y que, además, se llevó vidas.

En medio de todo eso, sin detenerse ni medio segundo a mirar para un costado, a observar el sufrimiento ajeno, legisladores, parientes y amigos del poder, se vacunaron antes que quienes realmente lo necesitan.

Tendrá que explicar Silvia Moreno si hubiera podido vacunarse si no fuera diputada provincial; Nancy Miranda y Esther González si habrían accedido si no fueran senadoras; Laura Stratta si no fuera presidenta del Senado, y su marido.

Los fiscales de la provincia deberán investigar si hubo incumplimiento del funcionario público, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Fuente: El Portal de Ricardo David.


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