Histórica audiencia entre representantes del Estado y ciudadanos por las restricciones al derecho humano a la información pública

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Historic hearing between representatives of the State and citizens for restrictions on the human right to public information.

Mediante un amparo se intenta que la ministra Paira y el Fiscal Ramírez Montrull, cumplan con su deber de dar a conocer sus actos en ejercicio de su función, en ambos casos, el trasfondo no es otro que el destino de los fondos públicos, la transparencia, una trascendental deuda pendiente con la gente

A diario en la ciudadanía se anoticia, directa o indirectamente, de sospechas de graves irregularidades en torno al manejo de la cosa pública, generalmente se trata de enorme cantidades de fondos públicos que presentan inconsistencias en cuanto a su destino.

Cada peso del Estado, debe tener, como origen y como destino, un mismo sujeto, los ciudadanos.

Sin embargo, desde nimiedades hasta graves anomalías, esto no ocurre en el realidad o al menos en la ciudadanía –único perjudicado- las sospechas que se presentan sobre su no correncia tienen sustento.

La cuestión tiene un aditamento grotesco, aquellos que deben aclarar o desmentir o investigar, no lo hacen, generándose aún mayores indicios de corrupción que en su tránsito van adquiriendo calidad de certezas.

El propio Estado previó esta situación, dándole al ciudadano una herramienta de corte fundamental, con rango de derecho humano, para  que pueda preguntar, consultar, saber, adquirir, conocer y aprehender que hacen o que no hacen los funcionarios y funcionarias con los fondos públicos.

En el contexto actual la situación requiere aún más ímpetu, ya que por la emergencia producto de la pandemia, el Estado desembolsa millones libres de controles, la excusa es la imperiosa necesidad de contratación.

Un Estado que también adoptó de excusa la retención de porcentajes de haberes para avocarlos a un fondo solitario pro la pandemia, pero que sin embargo, omite manifestar a donde lo ha destinado.

Aun peor es la situación con las investigaciones penales sobre causas de corrupción, es aquí donde la ciudadanía, la generalidad de la gente, ya ha adoptado una posición: La Justicia entrerriana tiene dos varas con que medir la corrupción.

Si el funcionario investigado es afín a cierto sector gubernamental, hay dilaciones, archivos, desistimientos, y sanciones – si es que remotamente ya no se puede resolver de otro modo- irrisoria, vale decir, del Estado se obtiene impunidad.

Caso contrario, si el funcionario no es afín a aquel sector, el Estado cae con todo el peso de la ley.

En el ideario colectivo, sin lugar a dudas, las causas de corrupción son las que más conmocionan a nivel indignación.

Es más,  aquellas causas penales que conmocionan en el sentido de angustia o dolor, las más graves por tratarse de hechos aberrantes, generalmente traen consigo alguna omisión del propio Estado a la hora de la evitación.

Los femicidio son un claro ejemplo de esto, hay en la mayoría de estos, una responsabilidad estatal que deja al desnudo la corrupción, en su versión, omisión de deberes.

Fue en estos sentidos, que a mediados de junio dos ciudadanos de Paraná, se presentaron ante, una, el ministerio de desarrollo social de la provincia, el otro fiscalía, solicitando acceder a información pública.

En el primer caso se busca acceder a información sobre los módulos alimentarios y los recursos que se destinan a los comedores y merenderos, en el segundo, conocer sobre actos propios del fiscal en una investigación penal de relevancia pública.

El pedido, este último, se presentó puntualmente para conocer que medidas –en un año que ya lleva la causa- tomó el fiscal en pos de investigar posibles hechos de corrupción.

Causa de notoria trascendencia ya que entre los protagonistas figura el ex secretario de la gobernación-hoy senador nacional- Edgardo Kueider, la secretaria de comunicación de la provincia, Maricel Brusco y la subsecretaria, Mariela Teruel.

Se tratarían de contrataciones irregulares de pauta publicitaria oficial en favor de la firma Multimedio Regional SRL de propiedad de Adrián Bruffal.

Es decir, fondos públicos que se presumen que fueron a parar de manera anómala a un privado.

Puntualmente al fiscal Juan Francisco Ramírez Montrul, conductor de la IPP, se le solicitó, detalles de las medidas probatorias realizadas hasta la actualidad, si existieron pedidos de informes respondidos por parte de organismo públicos, si se ha podido la posible constatar o acercarse a una posible extensión del perjuicio patrimonial que se investiga.

El fiscal, desconociendo el derecho humano de los ciudadanos de acceder a la información publica, no respondió el mismo, lo hizo una vez que fue requerido por la jueza donde tramita el amparo presentando.

La respuesta del fiscal fue denegatoria, es decir, no quiso brindar detalle de los actos propios de su función.

La pregunta obligada que se hicieron los amparistas no podía ser otra: ¿Cuál es el problema o inconveniente de informar sobre si se pidió informes al Tribunal de Cuentas, a la Contaduría, a la propia secretaria de comunicación, al Gobierno en general, o si la firma mencionada como beneficiaria de las presuntas irregularidades contrató solo con la secretaria de la gobernación o se incluyen otros organismos o empresas estatales, caso de Sidecreer, Instituto del Seguro, Enersa, IAFAS, etc?

Se tratan de actos propios de una función, que como son pasados, es decir, ya se realizaron, de ninguna manera pueden llegar a obstaculizar o entorpecer la etapa investigativa, sin embargo, el fiscal no lo quiso brindar.

Más aun cuando ya ha trascendido que existiría una fuerte presión de sectores del Gobierno provincial para que la causa se paralice, que no avance, por el escándalo que generaría que se formalicen imputaciones a funcionarios provinciales en ejercicio.

Lo mismo sucedió con la ministra Marisa Paira, quien, primeramente no respondió en forma, vencido los plazos, luego de la presentación el amparo si lo hizo, aunque negándose a brindar detalle sobre quiénes son los beneficiarios finales de los alimentos, es más, tampoco quiso identificar a varios funcionarios encargados de la cuestión alimentaria.

La razón del amparo aparece así incontrovertible, ante la negativa o reticencias o informes incompletos los ciudadanos tienen a su disposición esta vía urgente del amparo para lograr la efectividad del derecho humano.

Este viernes se desarrolló una audiencia sin precedentes en la materia, no de amparos, sino de acceso a la información pública.

Los amparistas, requirentes de la información, se pudieron sentar con representantes del Estado a plantear la necesidad de que no restrinjan más este derecho.

Lamentablemente la ministra Paira opto por no ir, hubiera sido una oportunidad interesante para escuchar porque su cartera es reticente a informar sobre una cuestión trascendental como lo es la respuesta alimentaria a los más vulnerables de la provincia.

Más allá de esto, varias de las cuestiones no respondidas, fueron atendidas por los abogados estatales.

Ahora resta saber que pasara con las consultas no respondidas, tanto de la Lic. Paira como del Dr. Ramírez Montrull, sobretodo de este último, quien, a pesar de las normas constitucionales, nacionales e internacionales vigentes, ha optado por el silencio sobre su propio accionar como fiscal en una causa relevante que involucra a funcionarios y dineros públicos.

Una materia, al de la transparencia en el Ministerio Publico Fiscal, llamativa en materia de corrupción, ya que, conforme quien sea el o los involucrados, a veces no existe óbice para brindar información, aunque, otras, como en este caso, tal opción aparece sesgada o más bien impedida.

Fuente: El Portal de Ricardo David.


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