En una nota dirigida a las autoridades provinciales y nacionales, tanto del poder ejecutivo como de los poderes legislativos, la Federación Agraria Argentina solicita de forma urgente la implementación de una serie de medidas para mitigar los perjuicios que provoca la crecida de los ríos Paraná y Uruguay a los productores agropecuarios del litoral argentino.
Esas medidas solicitadas contemplan:
1) Declarar en desastre económico y social a todo el territorio del Departamento Islas del Ibicuy,
Provincia de Entre Ríos.
2) Exceptuar del pago de impuestos, tasas, contribuciones y todo otro gravamen provincial que comprenda las actividades agropecuarias, forestales, y turísticas desarrolladas en el Departamento.
3) Tratamiento diferencial en la aplicación y pago de los impuestos nacionales que gravan la actividad productiva agraria y forestal, como así actividades conexas, también y de manera excepcional la comercialización forzadas de la producción como consecuencia de las crecidas.
4) Eliminación de aportes previsionales y todo otro gravamen sobre los haberes de los asalariados, de manera que los empleadores puedan mantener los puestos de trabajo, mientras dure la emergencia hídrica y el semestre posterior a su cese.
5) Ayuda mediante subsidios al trabajo del Ministerio del área dentro del mecanismo previsto para crisis de empresas.
6) Establecer mecanismos de ayuda financiera de fomento para la reconstrucción del sistema productivo, mediante convenios con organismos financieros nacionales.
7) Crear un ámbito de intercambio entre el estado en sus diferentes niveles y las organizaciones de la producción para establecer las magnitudes en el tiempo y en lo económico de los quebrantos que producirá el fenómeno hídrico.
8) Adecuar el Piecas incorporando a todos los actores o crear un organismo mixto y multisectorial para el ESTUDIO Y PREVENCION de los fenómenos hidrológicos y que desarrolle un plan estratégico a mediano y corto plazo para minimizar los daños productivos y sociales. Creando de esta manera previsibilidad a las inversiones futuras y estabilidad productiva y laboral a la población.
Luego plantean que “El Plan Estratégico que se plantea deberá contemplar necesariamente en su primera etapa la potenciación de las estructuras técnicas existentes dotándolas de manera urgente de los recursos tecnológicos, humanos y financieros para implementar las medidas urgentes, también deberá contemplarse de manera perentoria la aplicación de la legislación vigente en cuanto a la prohibición absoluta de obstrucción de los cursos naturales de agua existentes en el Delta.
La magnitud en cuanto a las alturas de las aguas son alarmantes, la duración en el tiempo pueden prolongarse hasta mediados del año y aún más de acuerdo a la información que disponemos del INA, Instituto Nacional del Agua.
Los daños económicos y sociales que acarreará son imposibles hoy de estimar con precisión, lo que sí hoy sabemos es que el patrimonio de miles de medianos y pequeños productores, pequeñas empresas, corre riesgo de ser diezmado, que el trabajo de miles isleños desaparecerá, conllevando la migración forzosa a bolsones de pobreza de grandes ciudades.
Tenemos la oportunidad con racionalidad, cooperación y diálogo de minimizar las secuelas económicas, productivas y sociales.
Estamos dispuestos a colaborar en todo aquello que facilite la implementación de lo peticionado, esperamos de las autoridades la comprensión de la dimensión del problema, que lejos de ser una cuestión regional tiene una dimensión nacional y en consecuencia debe ser tratado como tal.
En ese marco, mantenemos permanente contacto con otras entidades del sector y compartimos los objetivos de colaboración mutua y las preocupaciones por el presente y el futuro. Por eso es necesario que se nos convoque a la mesa de las decisiones, para que todos, Estado y sector productivo encontremos de manera eficiente y efectiva las mejores soluciones”.
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