Escándalo en Vialidad: acefalía en el organismo y grave denuncia contra el director de Conservación

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Scandal in Roads: acephaly in the body and serious complaint against the director of Conservation.

Eduardo Urrutia es acusado de direccionar a los jefes de las zonales, pero Benítez no aparece porque estaría de vacaciones en España, donde se radicaría una vez sobreseída de la causa del Mercosur como le habrían prometido.

Una gravísima denuncia llegó al Portal de Ricardo David, desde la Dirección Provincial de Vialidad y genera escándalo en el organismo.

El apuntado es el director de Conservación Vial, Eduardo Lalo Urrutia, acusado de direccionar a los jefes de las zonales para compras y contrataciones.

Según los trabajadores viales, cuando Urrutia ingresó al organismo lo hizo, como se dice, con una mano atrás y otra adelante, a pesar de lo cual hoy sería millonario.

De acuerdo con los comentarios, Urrutia se desempeñaba cumpliendo labores de albañilería en el domicilio particular de un funcionario vial, quien más tarde lo llevó a un cargo en el organismo, con el fin de que fuera funcional a ciertas necesidades.

La llamativa y meteórica mejora de status le valió a Urrutia incluso un escrache mediante panfletos que aparecieron en 2019 en el organismo vial.

Lo que denuncian es que los jefes zonales serían direccionados por el ex albañil para compras y contrataciones, que serían manipuladas y con sobreprecios.

Quienes padecen la situación serían los encargados de las zonales, incluso el de Concordia, la tierra del gobernador Gustavo Bordet, que mantiene silencio sobre esta situación.

Dentro de la DPV, se habrían generado incluso tres o más expedientes, según señalan los trabajadores viales, que hoy dormirían en el Tribunal de Cuentas que conduce Diego Lara.

Cuando llegó esta grave denuncia por sobreprecios y pagos por productos no entregados, desde este Portal se intentó establecer comunicación con las autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad, con el fin de saber su versión sobre estos hechos y cómo se determinan las compras, cuánto se gasta, y demás.

Sin embargo, la respuesta fue que la presidenta de la DPV, Alicia Benítez, y su Marido, a quien tiene como coordinador y le otorgó un plus del 75% sobre el sueldo, no se encontraban trabajando.

Es más, no estarían desde hace un tiempo, ya que el comentario es que se habrían ido a pasar las fiestas a España.

Según los comentarios de los viales, el último día que se la vio a Benítez por la oficina fue el 23 de diciembre, cuando habría firmado la mayor cantidad posible de papeles antes de retirarse hasta mediados de enero.

Mientras en el país no hay un peso, los contribuyentes sufren cada vez más presiones, los privados subsisten a duras penas, los funcionarios como Benítez y su marido Miguel Feltes se van de vacaciones a España, donde todo se paga en euros.

Entre los viales es conocido que los hijos de Benítez y Feltes vivirían en España. No solo eso, ambos funcionarios tendrían importantes inversiones en el país ibérico.

El trascendido dentro del organismo es que el matrimonio espera el sobreseimiento de Benítez en la causa que tiene en marcha por una millonaria defraudación al Estado entrerriano por las obras que se realizaron para la cumbre del Mercosur en 2014, para irse a vivir definitivamente a España.

En 2014, Benítez estaba al frente de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones de la provincia y fue designada mediante el decreto 3.974 del 29 de octubre de aquel año como coordinadora general de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), la comisión creada para canalizar las obras y servicios a realizarse para el evento.

Benítez está imputada por el delito de fraude a la administración pública en el conocido proceso penal denominado mediáticamente “Causa del Mercosur”, conducida por el fiscal Juan Malvasio.

Según consta en la investigación se estima que el Estado pagó 17 millones de pesos de más a un grupo de empresas constructoras que tuvieron a su cargo la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur que se celebró en diciembre de 2014 en Paraná.

La comisión que encabezaba Benítez fue autorizada por la Legislatura para contratar cualquier obra o servicio de forma directa, es decir, sin licitación pública aunque con cotejo de precios, debido a que los tiempos apremiaban.

El grupo también estaba integrado por empresarios privados, que se situaron en ambos lados del mostrador, al auto contratarse, como Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú, todos estos también imputados por defraudar al Estado, aunque en calidad de partícipes.

De ese total, la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción administró unos 46 millones de pesos (que luego se duplicaron)que fueron distribuidos mayoritariamente entre cuatro empresas: Caballi SA, de Miguel Marizza, percibió 11.722.585 pesos; a Szczech & Szczech, de Néstor Iván Szczech, se le adjudicaron obras por 9.066.678,40 pesos; Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc), de Rubén Grasso, efectuó trabajos por 13.307.506 pesos; y Organización Integral Constructora SA (Oicsa), de Daniel Hereñú, efectuó obras por 5.784.289 pesos.

A pesar de la descomunal defraudación, Benítez tendría prometido el sobreseimiento porque el argumento del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, es que había una autorización de la Legislatura provincial para realizar las contrataciones.

Quienes votaron a favor de ello son nada más ni nada menos que el confeso enriquecido ilícitamente José Ángel Allende; el terrateniente y poco transparente presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara; uno de los principales hacendados y ganaderos de la provincia, Juan Navarro; el millonario Gustavo Zavallo; la ministra Rosario Romero, entre otros.

A raíz de la causa, tanto Benítez como los empresarios privados fueron allanados, se secuestraron computadoras y celulares, incluso en la dirección de Arquitectura y en la DPV.

Sin embargo, todos tendrían prometido el sobreseimiento bajo el argumento de que no puede haber condenas porque la Legislatura aprobó las contrataciones, y habría que citar a todos los legisladores que levantaron la mano.

Por ello, se haría simplemente borrón y cuenta nueva, como si la Cumbre del Mercosur nunca se hubiera realizado, como si no se hubieran gastado 150 millones de pesos en supuestas obras, como si las inversiones en España no existieran.

El gobernador Bordet, el mismo que salió a respaldar a Alicia Benítez tras los allanamientos en Vialidad, critica a la Justicia y las demoras en las causas. Afirma que no puede ser que los jueces perciban sueldos de 700 mil pesos y que las causas estén paradas.

Es ahí donde aparece el negacionismo del gobernador, que no dice nada acerca de las causas que los funcionarios y amigos suyos afrontan ante la Justicia.

Bordet no dice nada acerca de la causa de Benítez y Marizza, que desde octubre de 2016 no presenta ningún tipo de avance.

Tampoco se expresa acerca de la planchada investigación contra el ex secretario General de la gobernación Edgardo Kueider, que tiene fueros gracias a que el gobernador le otorgó el primer lugar en la lista de candidatos a senadores nacionales, y el empresario Adrián Bruffal, que puso a disposición del mandatario dos locales, uno en calle Urquiza y otro en 9 de Julio, a una cuadra de la sede del PJ, que funcionaban como promotoras de Bordet gobernador en 20150. Es más, en algunos actos no solo hablaba el entonces candidato sino también el empresario.

Mientras tanto, el titular de conservación vial es acusado de direccionar a los jefes zonales por las contrataciones y sobreprecios, la misma irregularidad por la que la titular del organismo fue imputada, aunque ya tendría asegurado el sobreseimiento.

Fuente: El Portal de Ricardo David.


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