sáb. Ene 23rd, 2021

En pandemia y emergencia, otra designación en el gobierno provincial

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In pandemic and emergency, another appointment in the provincial government.

Pronto a jubilarse, el funcionario fue designado en planta, violando la ley de Emergencia, en una de las áreas bajo la órbita del ministerio de Bahillo.

Julio César Aldaz fue designado en el Instituto Portuario de la provincia, en planta permanente y con el escalafón 3, con un sueldo que superaría los 200 mil pesos.

Este nombramiento en planta permanente está fechado el 3 de agosto del corriente, por lo que se realiza en plena pandemia y con la Ley de Emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional vigente.

Esa ley recorta los ingresos de los trabajadores y jubilados provinciales, con el argumento de la pandemia, pero con total impunidad se siguen realizando nombramientos en áreas que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria.

Aldaz fue intendente de Basavilbaso, diputado provincial, presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, miembro del directorio de Sidecreer, y ahora recae como personal de planta permanente en el Instituto Portuario, mientras su mujer tiene un cargo importante en Enersa.

Con la categoría 3 del personal administrativo portuario, Aldaz tendrá un sueldo que se comenta supera los 200 mil pesos, pronto a acogerse a la jubilación de la deficitaria Caja entrerriana.

Actualmente el déficit de la Caja supera los 10 mil millones, y recientemente se inició una auditoría del Tribunal de Cuentas para determinar si había personas fallecidas que cobraban beneficios, algo que, sumado a otras irregularidades, fundió la Caja.

Esto le costó el cargo a Daniel Elías, que estuvo al frente del organismo previsional por más de 17 años, y fue reemplazado por Edgardo Scarione.

El instituto Portuario es uno de los que paga los mejores sueldos de la provincia y está bajo la órbita del ministerio de Producción, que conduce Juan José Bahillo y Aldaz se suma a las ya varias designaciones que se hicieron antes y durante la pandemia en la cartera del ex diputado nacional.

Hace apenas un mes, los legisladores entrerrianos aprobaron la ley que establece la “emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional”, que por un plazo de un año busca mejorar la recaudación para lograr el funcionamiento del Estado.

La ley estipula que tanto jubilados como trabajadores provinciales sufrirán recortes en sus haberes para poder solventar los gastos de la provincia.

A pesar de que desde hace ocho meses trabajan poco y nada, los legisladores cobran religiosamente sus abultados salarios, incluso en el mes de julio, en el que no hicieron más que levantar la mano desde sus casas para aprobar la polémica Ley.

Sin embargo, a pesar del carácter “solidario” de la normativa, es evidente que en la provincia de Entre Ríos la solidaridad pasa por los bolsillos de los trabajadores y jubilados, pero no del funcionariado.

Además, la provincia aumentó fuertemente los impuestos para mejorar la recaudación ya antes de la pandemia, que bajo el nombre de “readecuación” significó subas de hasta el 80% para algunos contribuyentes.

Ahora, también se creó un área en ATER, con funcionarios con abultados sueldos, destinada a implementar un nuevo impuestazo que sufrirán los entrerrianos.

Los aumentos de impuestos y la ley de Emergencia, buscan mejorar la recaudación de la provincia que, de todos modos, no detiene el despilfarro y ya no puede ni pagar los sueldos.

Es más, días atrás una delegación entrerriana, encabezada por el gobernador Bordet, peregrinó por diferentes oficinas en Buenos Aires con el objetivo de traerse 400 millones de pesos para poder hacer frente a los compromisos del gobierno, incluido los sueldos.

Hace meses que la provincia viene pagando los salarios en cuotas y hará lo mismo con el aguinaldo, que debía abonar en junio pero no le alcanzo.

Con la excusa de la pandemia, la provincia impulsa un impuestazo y la ley de Emergencia, metiéndose en los bolsillos de trabajadores, contribuyentes y jubilados, para, en teoría, solventar los gastos de funcionamiento del Estado y los generados por la pandemia.

Queda claro que lo que se paga con los recortes por la ley de Emergencia y los impuestazos son los compromisos políticos del gobierno de turno y los desmanejos.

La provincia no tiene un peso y va a mendigar subsidios a la nación o ajusta a los trabajadores, jubilados y contribuyentes, pero las designaciones no se detienen.

En esta oportunidad le tocó a Aldaz, que luego de pasar por varios cargos en el Estado provincial recae como personal de planta en el Instituto Portuario, con un sueldo de 200 mil pesos, a poco tiempo de pasar a ser beneficiario de la deficitaria Caja de Jubilaciones, ¿dónde está la Emergencia?

Fuente: El Portal de Ricardo David.


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