En Entre Ríos se aplica la ley según la cara del denunciado

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In Entre Ríos the law is applied according to the face of the accused.

Mientras a algunos se les exige el cumplimiento a rajatabla y se sancionan gravemente las faltas, a otros se les permiten y festejan, el estado de derecho totalmente alterado.

En la provincia de Entre Ríos la ley se aplica según la cara del denunciado y el estado de derecho está totalmente alterado.

Lo que es sancionado gravemente si es cometido por los vecinos que no tienen contactos ni “apellido”, queda totalmente impune y hasta se festeja si es realizado por alguien con un cierto peso en el gobierno provincial o en sus diferentes organismos.

Es más, a modo de adoctrinamiento o como forma de aplicar disciplina, esas sanciones son difundidas por el aparato comunicacional de la provincia cuando la falta es cometida por un vecino de a pie, mientras que es ocultada y tapada si se trata de alguien de peso.

Esas irregularidades, en muchos casos, son denunciadas por el periodista, pero quienes deben controlar es el Tribunal de Cuentas y los fiscales y jueces deben actuar al respecto.

Esa no es función ni responsabilidad de los medios de comunicación o del periodismo, sino de los funcionarios públicos y judiciales designados a los efectos de controlar la transparencia y honestidad de los actos, para lo cual cobran sus respectivos sueldos.

Sin embargo, en la provincia no se sabe dónde están porque hay muchísimas causas que hoy duermen en los cajones de diferentes escritorios en Tribunales, incluso de funcionarios actuales.

Uno de los casos emblemáticos es el del ex secretario general de la gobernación, Edgardo Kueider, que está investigado en la provincia por un lado por negociados incompatibles con el empresario Adrián Bruffal y, por el otro, por el millonario robo de combustible mediante el sistema YPF Ruta.

Por su amistad con el gobernador Gustavo Bordet, Kueider fue el primer candidato a senador nacional por Entre Ríos el año pasado, lo que, a pesar de la catastrófica derrota que sufrió el justicialismo, le permitió llegar al congreso de la nación, donde hoy goza de fueros

Otra que afronta una suculenta causa en la Justicia provincial es Alicia Benítez, que está imputada por el delito de fraude a la administración pública durante la Cumbre del Mercosur en 2014.

Según consta en la investigación, el Estado pagó 17 millones de más a un grupo de empresas constructoras que tuvieron a su cargo la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios.

Hoy Benítez es titular de la dirección provincial de Vialidad mientras la causa registra significativas demoras, y maneja un suculento presupuesto para obras públicas que no se ven, ya que en Entre Ríos los baches se tapan con tierra, literalmente.

Muchos de los empresarios privados que también están imputados por la causa Cumbre del Mercosur, aunque en calidad de partícipes, por haberse auto contratado, hoy continúan manejando y siendo sumamente beneficiados con la obra pública provincial, como Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú.

Tampoco avanza la causa penal contra Claudio Moreyra por percibir dos sueldos del Estado provincial, uno como funcionario del Iosper y otro como empleado del Senado, una grave incompatibilidad por un total de casi 200 mil pesos mensuales.

De todos modos, esta causa está en manos del fiscal Álvaro Piérola, que es yerno de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y según trascendió la haría dormir o la archivaría.

Como estas, hay unas 300 causas en la provincia que involucran a funcionarios actuales y pasados, graves fraudes contra la administración pública y delitos de todo tipo, que hoy por hoy no avanzan.

Llamativamente, las causas que sí registran avances, en muchos casos con una inusitada velocidad, son las que involucran a privados o a vecinos de a pie, mientras que en las más graves como las que tienen que ver con funcionarios públicos ni se controlan y mucho menos se investiga.

En otras palabras, la ley se aplica según la cara, con lo que queda en claro que en Entre Ríos el Estado de derecho en lo penal no existe.

Este fin de semana se dieron significativos ejemplos de algo que viene ocurriendo desde el inicio de la pandemia.

Según comentan los vecinos de calle Almafuerte de Paraná, había largas colas de automóviles estacionados en los alrededores de un importante salón que se encuentra en esa calle de la capital provincial.

El encuentro que los congregaba habría sido una fiesta organizada por dos legisladores provinciales mandato cumplido, que habrían invitado más de 300 personas al festejo.

Lo que asombraba no era la reunión, más que entendible si se lleva adelante con los cuidados necesarios en medio de la pandemia, sino justamente la gran cantidad de gente que se citó en el lugar, que además es cerrado.

De acuerdo con los comentarios, a pocas cuadras, al mismo tiempo, se clausuró una fiesta y se labraron actas para otras personas, que se habrían reunido para festejar otro matrimonio, aunque claro, no eran familiares de ningún legislador actual ni pasado.

La situación generó indignación y fuertes comentarios por cómo la ley en la provincia se aplica según la cara del vecino y mientras que a unos se los sanciona y escracha, a otros se los celebra.

Es más, comentaban los vecinos que es el propio sistema comunicacional de la provincia el que se encarga de que los medios de comunicación difundan las imágenes y los nombres de las personas que violan las medidas dispuestas para combatir al coronavirus, pero que cuando se trata de personas que tienen cierto peso en el gobierno provincial, los escraches no solo no se realizan, sino no se labran actas y se tapa la fiesta para que pueda desarrollarse con normalidad.

Algo así habría ocurrido este sábado al mediodía en el salón de calle Almafuerte, en donde más de 300 personas bailaron al ritmo de un reconocido grupo de música nacional, que tiene un caché que no baja de los 300 mil pesos, según el tiempo que actúe durante la fiesta.

Además, comentan los vecinos, podía verse que prácticamente nadie ingresaba al salón con el barbijo colocado, y que los besos y abrazos abundaban, por lo que cabe estimar que dentro del predio no se cumplieron los protocolos vigentes, no sólo en cuanto a la cantidad de personas permitidas, sino en todo lo demás.

La vara con que se miden las acciones, comentaban quienes se comunicaron con este Portal, no es la misma para los diferentes actores de la sociedad: quienes son vecinos de a pie, laburantes, deben cumplir las medidas al pie de la letra para no ser sancionadas, pero quienes ostentan cargos, pueden “chapear” para actuar sin mayores miramientos para con las normas que fueron pautadas para proteger a la sociedad en su conjunto y evitar que el sistema sanitario colapse.

Desde este Portal se entiende la necesidad de trabajar de los propietarios de salones, servicios de catering y demás, como así también es comprensible que hay eventos que son dignos de festejar.

De todos modos, en una pandemia como la que se vive actualmente, es importante que se cumpla con los protocolos establecidos para evitar que se produzcan aún más contagios.

Además, es inadmisible que la ley y las restricciones se apliquen según la cara del infractor, ya que si hay normas estipuladas, deben cumplirlas todas las personas que integran la sociedad, así como deben ser sancionados todos aquellos que incumplan.

En la provincia, eso no es así: los portadores de apellido pueden actuar como gusten, mientras que los vecinos desconocidos y sin contactos tienen que rendir cuentas, con lo que queda en claro que el estado de derecho no existe.


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