¿Dónde están los 500 millones de dólares por los que Entre Ríos fue demandada?

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Where are the 500 million dollars for which Entre Ríos was sued?

El dinero no se destinó a seguridad, educación, salud, obra pública ni generación de empleo, ¿quién se hará cargo por una paupérrima decisión económica que agrava aún más la profunda crisis que atraviesa la provincia?, ¿el gobernador, los ministros y legisladores con su patrimonio personal o lo trasladarán nuevamente a los contribuyentes?

Luego de que la provincia de Entre Ríos fuera demandada ante la corte de Nueva York por el incumplimiento del pago de la deuda que tiene por 500 millones de dólares surge la pregunta obligada de qué ocurrió con ese dinero.

La deuda fue emitida en 2017 y el pasado 8 de agosto el gobierno provincial debería haber pagado US$21,87 millones por un cupón de interés pero el desembolso no se hizo.

Desde 2017 hasta este 4 de enero, cuando se inició la demanda, en Entre Ríos no se vio obra pública significativa que supusiera una mejora en la calidad de vida de los entrerrianos, no hubo aumentos de sueldo que conformaran verdaderamente a los trabajadores, no se saldó el déficit descomunal de la Caja de Jubilaciones, que llega casi a 20 mil millones de pesos.

Tampoco hubo inversiones en el sistema de salud, algo que quedó evidenciado con la llegada de la pandemia, que puso de manifiesto la paupérrima estructura sanitaria de la provincia.

Podría suponerse que la enorme deuda contraída por la provincia tenía como objetivo saldar alguno de los problemas antes mencionados, pero nada de eso se vio.

Por poner como ejemplo cinco puntos básicos, la provincia podría haber destinado 100 millones de dólares, es decir unos 16 mil millones de pesos, al sistema de salud, en vez de haber tenido que salir a comprar respiradores y reestructurar hospitales en plena pandemia.

Otros 100 millones de dólares, 16 mil millones de pesos, podrían haber ido al sistema de seguridad pública y a la Policía de Entre Ríos, para adecuar los salarios al servicio que brindan los uniformados, proveerles insumos desde chalecos hasta patrulleros con las máximas medidas de seguridad, darles alimentos acordes en las comidas y demás.

En cambio, hoy un policía es un trabajador precarizado, con un sueldo básico por debajo de la línea de pobreza y salarios en negro que lamentablemente produce que algunos caigan en la tentación de hacer negociados espurios para poder llegar a fin de mes y ofrecer una mejor calidad de vida a sus familias.

Mientras que jueces y fiscales tienen intangibilidad, los policías, que también tienen responsabilidad y están más expuestos y se juegan la vida, deben vivir con 30 mil pesos al mes y cuidar a los vecinos, evitar corromperse o aceptar dinero espurio para mirar para el costado o liberar zonas.

Las autoridades pretenden que los policías sean honestos pero a un 90% de la fuerza le pagan miserias, mientras que el 10% son millonarios.

100 millones más podrían destinarse al sistema educativo, para mejorar la infraestructura edilicia de cientos de establecimientos en la provincia que reclaman por problemas estructurales o para mejorar el servicio en los comedores escolares, una demanda permanente.

Para la obra pública también podrían haberse destinado 100 millones de dólares, con lo que las rutas entrerrianas dejarían de ser peligrosos caminos con pozos tapados con tierra. O se podrían realizar postergadas obras de saneamiento, gas natural y demás en aquellos pueblos que han quedado postergados.

Además, una inversión significativa podría haberse destinado a empresas y emprendedores privados de la provincia, con el fin de generar empleo genuino en el sector privado, por fuera de las ayudas estatales para microemprendedores que no aportan soluciones a la larga.

En definitiva, el gobierno provincial debería haber puesto a circular ese dinero entre los entrerrianos, con obra pública, seguridad, educación, salud y empleo, pero en la realidad concreta no se ha visto.

Es más, lejos de ello, hoy Entre Ríos está bajo una ley de Emergencia que recorta fondos de trabajadores y jubilados para el normal funcionamiento del Estado, y para la cual no hay un plan concreto de salida.

En el 2020 la provincia ni siquiera pudo pagar los sueldos con fondos propios y tuvo que recurrir a los permanentes rescates de la nación.

A eso, se suma el incumplimiento de la deuda y por ello, cabe preguntarse qué destino tuvieron los 500 millones de dólares de la deuda, más de 80 mil millones de pesos al valor del cambio actual.

Hoy por hoy, un legislador entrerriano le cuesta al Estado 6 millones de pesos por mes, lo mismo que 140 salarios de efectivos policiales o 200 sueldos de personal de enfermería, por lo que una inyección de dinero en esos sectores sería muy significativa, pero los reclamos por mejoras salariales siguen siendo permanentes por la postergación que hace de ellos el gobierno provincial.

Actualmente se desconoce a dónde fueron a parar esos 500 millones de dólares, que tienen una tasa de interés pagadera semestralmente de 8.75%, más de 1% mensual, una tasa al límite de la usura.

Luego de la demanda ante la corte estadounidense, el gobierno provincial presentó un descargo que busca culpar al gobierno de Mauricio Macri que finalizó en 2019 y a la pandemia suscitada en 2020 por lo que simplemente fue una pésima decisión para la economía entrerriana.

A modo de justificación, el comunicado oficial expresa que “a la fecha de emisión del Bono ER 25 las condiciones que hoy afectan al país y a la Provincia eran imposibles de prever” y la “relación entre recursos expresados en dólares y deuda en dicha moneda, sufrió una distorsión que impidió el cumplimiento de las obligaciones asumidas en las condiciones pautadas al momento de la emisión”.

Sin embargo, la nota admite el verdadero problema al afirmar que “la Provincia de Entre Ríos no tiene ingresos en moneda extranjera –tales como las regalías petroleras–“.

Partiendo de esa base, más allá de las condiciones económicas externas, no hace falta ser economista como Hugo Ballay o contador como el gobernador Gustavo Bordet para darse cuenta de que asumir una deuda en dólares equivale a un suicidio económico, que es lo que hizo Entre Ríos bajo la gestión del concordiense.

La gran pregunta es qué ocurrirá cuando los acreedores extranjeros vengan a reclamar lo que les corresponde.

¿Quién se hará cargo por una paupérrima decisión económica que agrava aún más la profunda crisis que atraviesa la provincia?, ¿el gobernador que promovió la toma de la deuda?, ¿los legisladores que la votaron?

Hasta en la economía doméstica, si uno contrae una deuda, se supone que es para generar una inversión que permita cumplir con el compromiso asumido y generar una mejora en la calidad de vida.

En Entre Ríos nada de eso ocurre: los entrerrianos no ven en las calles ni una moneda de aquellos 500 millones de dólares.

Pero la flota automotriz de la provincia sigue creciendo, se pintaron las paredes de Casa de Gobierno, se renovaron oficinas, se pagan viáticos, alquileres y sueldos descomunales al desconocido número de funcionarios de la gestión, y sigue la fiesta y el despilfarro.

¿Quién se hará cargo por una paupérrima decisión económica que agrava aún más la profunda crisis que atraviesa la provincia?, ¿el gobernador y los ministros que promovieron la toma de la deuda?, ¿los legisladores que la votaron?

También hay que preguntarles a ellos si en su patrimonio personal contraen deudas en dólares o si, por el contrario, tienen depósitos en moneda extranjera. La respuesta parece estar más cerca de la segunda opción.

Y otra pregunta es si responderán por este gravísimo daño al erario público con sus patrimonios personales o si lo trasladarán al contribuyente, que deberá pagar con su esfuerzo, con la educación de sus hijos, con la calidad de vida de su familia, el despilfarro de los dirigentes.

Fuente: El Portal de Ricardo David.


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