mié. Jun 16th, 2021

Bordet quiere terminar con la independencia del Poder Judicial

Difunde en las redes

Bordet wants to end the independence of the judiciary.

Anunció que impulsará una reforma para designar suplentes en el poder judicial, absolutamente inconstitucional.

Que al gobernador Gustavo Bordet “le importa todo un huevo” ya lo dijo José Eduardo Lauritto, y el mandatario provincial se empecina diariamente en dar muestra de ello.

En la oportunidad de la asunción de Diego Lara en el Tribunal de Cuentas, hizo un dos por uno en ese sentido: por un lado, dejó en claro que le “importa un huevo” la transparencia y la honestidad, y por el otro, que su actitud es la misma nada más ni nada menos que para con la Constitución, la ley suprema.

Es que el gobernador Bordet anunció reforma para que los tres poderes del Estado intervengan en la designación de suplentes en el Poder Judicial.

Bordet afirmó estar en desacuerdo sobre la forma en que se cubren las suplencias en Tribunales, tanto para fiscales como para jueces.

Además, sostuvo que dará instrucciones al Consejo de la Magistratura para que no se demoren los concursos públicos.

Por ello, anticipó que brindará su apoyo e impulso a una reforma para que tanto la Legislatura como el Ejecutivo provincial tengan injerencia en la designación de fiscales y jueces en el Poder Judicial.

La iniciativa, sin embargo, va en contra de la independencia de poderes consagrada en la Constitución Nacional, a la cual la provincia adhiere en el artículo 1° de su propia Constitución.

El sistema republicano de gobierno, establecido en el artículo 1° de la Carta Magna nacional, prevé la división en tres de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Cada uno de estos tres órganos tiene específicas atribuciones y obligaciones establecidas por la Constitución, que establece expresamente límites para evitar, principalmente que el Poder Ejecutivo ejerza presión sobre el resto.

El artículo 109 de la Carta Magna estipula que el poder Ejecutivo no puede “ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas o restablecer las fenecidas”. Sobre ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado asentado en fallos judiciales que cada poder, “dentro de los límites de su competencia, obra con independencia de los otros dos en cuanto a la oportunidad y extensión de las medidas que adopta y a los hechos y circunstancias que la determinan”.

Por otra parte, el artículo 202 de la Constitución Provincial establece que “toda vacante en la magistratura deberá ser provista dentro del término de treinta días de producida. En caso contrario, el Superior Tribunal proveerá a la designación en carácter provisorio”.

Por esto, es inconstitucional lo planteado por Bordet, al igual que sería si pretendiera que el Poder Judicial designara una vacante en la Legislatura o en el poder Ejecutivo.

La propuesta del mandatario atenta contra la independencia de la Justicia, porque buscaría que tanto legisladores como miembros del Ejecutivo participaran de la designación de jueces o fiscales.

Así las cosas, da la impresión de que al gobernador le molestan las designaciones de jueces suplentes y fiscales, pero no de los defensores suplentes, a cargo de Maximiliano Benítez.

La pregunta es por qué manifestó Bordet su desacuerdo con la forma en que se designan jueces y fiscales, pero no nombró a los defensores.

La pelota ahora está del lado del Superior Tribunal de Justicia, y se espera que sus miembros salgan a responderle al gobernador, a defender su independencia y a la Constitución nacional, con un fuerte repudio a la intromisión de otro poder en las competencias que son puramente del Judicial.

Además, en su discurso, Bordet remarcó que durante su gestión “jamás he levantado un teléfono para hablar con el presidente o vocal para que incidida de una manera determinada en un expediente. Vamos a seguir trabajando de esa manera”.

El mandatario hizo especial hincapié en aclarar ese punto, aunque está claro que durante su gobierno quienes tienen comunicación y entablan operaciones con los jueces y el Ministerio Público Fiscal son dos de sus principales funcionarios: la ministra de Gobierno, Rosario Romero y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

El mandatario pronunció su discurso con una fuerte tendencia inconstitucional en el mismo día en que asumió al frente del principal organismo de control de la provincia un ex legislador hábil para sortear los controles ciudadanos, aunque dijo que con la designación de Lara, Entre Ríos “ganó en transparencia”.

Una vez más, dejó en claro que “le importa todo un huevo”, incluso la mismísima Constitución.

Fuente: El Portal de Ricardo David.


Difunde en las redes

Comentarios

comentarios