Ante la auditoria del TdC, Fiscalía hace 10 días que investiga el fraude millonario en la Caja de Jubilaciones

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Before the audit of the TdC, the Prosecutor’s Office has been investigating the millionaire fraud in the Retirement Fund for 10 days.

En julio el Portal de Ricardo David, se hacía eco de la grave denuncia de pasivos provinciales que daban cuenta de las sospechas de percepción del beneficio previsional por personas fallecidas, Elías, el Bersa, el Registro Civil y funerarias en la mira.

Mediaba el mes de julio y en el programa que conduce el director de este Portal, un jubilado de la provincia exponía en el aire de “De Frente” una grave sospecha que dejaba boquiabierto a todo el estudio.

El hombre, oyente participativo de Radio RD 99.1 expresaba que con su grupo de jubilados habían detectado que varios de los beneficios previsionales de la Caja de jubilaciones y pensiones de la provincia se estaban percibiendo a pesar de que su titular había fallecido.

La denuncia fue –y es- gravísima, a las pocas horas este Portal se hacía eco de la misma.

Los indicios de este grupo de pasivos provinciales surgieron de un listado que los mismos soltaron al organismo provincial donde había prestado servicio en actividad

Terrible fue la sorpresa al observar que en la nómina figuraban ex compañeros y compañeras de trabajo fallecidos.

Dos fueron en aquella oportunidad las modalidades detectadas, una, determinada por la percepción del haber jubilatorio de una persona muerta, y, la otra, determinada por la percepción de pensiones a pesar de que el beneficiario jubilatorio no tiene derechohabientes, es decir, familiares con derecho a percibir el beneficio.

La publicación de este Portal tuvo dos reacciones, por un lado, determinó la urgente auditoria del Tribunal de Cuentas de la provincia, por otro, fue el motivo del pedido de renuncia de Daniel Elías.

Fue el organismo del control del gasto quien llevo las investigaciones iniciales, constatando, tras dos meses de la misma, la posible existencia de un nuevo fraude al Estado, y, como en otras oportunidades, multimillonario.

Las tareas investigativas del TdC fueron arduas, según indicaron a este medio, incluyeron los 16 años de Daniel Elías en la presidencia de la Caja, hasta agosto 2020.

Las conclusiones arribadas por el organismo fueron contundentes, determinando con certeza la existencia de percepciones de beneficios previsionales a pesar de que los titulares de los mismos fallecieron.

Para que los lectores tengan una noción mediana del daño patrimonial del fraude: en solo 20 casos detectados con esta modalidad fraudulenta fueron 5 millones de pesos los percibidos.

Tras las maniobras irregulares detectadas pasibles de encuadrar en la comisión delictiva, conforme manda la ley, el TdC remitió las actuaciones a la fiscalía hace 10 días, obligando al MPF a iniciar una investigación ahora en la esfera penal.

Si bien cierto sector periodístico actualmente está intentando llevarse la parte, lo real es que hace 10 días la causa fue iniciada por los fiscales.

Este Portal conocía la novedad, sin embargo desde el TdC expresamente solicitaron reserva con el fin de no entorpecer la investigación que se iniciaría en la sede fiscal.

Para este jueves la fiscalía comandada por los Dres. Patricia Yedro y Gonzalo Badano tenían previsto realizar el primer movimiento en la causa, puntualmente remitir un oficio a la Caja de Jubilaciones solicitando innumerables expedientes.

La información, aseguran, se filtró a  la prensa, apareciendo como una novedad, sin embargo, la causa administrativa data de mediados de julio, luego de la denuncia de los pasivos provinciales reproducida por este Portal.

Sobre la IPP de Yedro y Badano, como se mencionó, se sabe que inicialmente fue encuadrada en el delito de fraude a la administración pública, que el daño patrimonial es extremadamente millonario como también  que existe una aproximación al tiempo que datan estas expresiones irregulares que exceden los 10 años.

Asimismo, por la particularidad de las maniobras, Elías no sería el único apuntalado, en el medio se barajan varios nombres de profesionales de estudios jurídicos ligados a la Caja, como también autoridades del BERSA, el Registro Civil y de funerarias.

Y es que, como es de público conocimiento, cuando un beneficiario previsional fallece, es el sepelio quien generalmente se encarga de llevar confeccionar el certificado de  defunción, cursando inmediato aviso o notificación al Registro civil, al Banco y a la Caja.

También es conocido que el BERSA, a las pocas horas bloquea la cuenta del pasivo fallecido, no pudiendo disponer del dinero absolutamente nadie, es más, los derechohabientes deben, tras el bloque, iniciar un juicio sucesorio para recuperar los fondos de propiedad del occiso.

Las posibilidades de que las autoridades y/o integrantes del agente financiero, el registro, sepelios y la Caja desconozcan las maniobras irregulares se acotan extremadamente si se tiene en cuenta la dificultad normal y habitual existente para percibir un haber por parte de un familiar del fallecido.

Una noticia de este Portal, traída por denuncias de los propios pasivos que pudieron detectar las irregularidades, que motivó una urgente auditoria del Tribunal de cuenta que constató las anomalías y hace 10 días remitió todo lo actuado a fiscalía que desde entonces investiga, que, si no existen presiones o interferencias de ciertos sectores políticos, ya es un escándalo judicial que podría tener como principales imputados por corrupción a importantes funcionarios de la actual gestión.

Fuente: El Portal de Ricardo David.


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