The magistrates affirm in the sentence against Kirchner that it was “a serious act of unprecedented corruption”.
Para la Justicia argentina, la expresidenta de nuestro país Cristina Fernández de Kirchner encabezó una organización creada desde el Estado para beneficiar con contratos millonarios a Lázaro Báez, un empresario condenado por lavado de dinero, durante sus dos mandatos presidenciales.
“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, dice el fundamento de la sentencia de los tres jueces que en diciembre pasado condenaron a Fernández a seis años de prisión con una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que se han conocido este jueves.
Los magistrados concluyeron que hubo “vínculos promiscuos y corruptos” entre la ahora vicepresidenta y el contratista encargado de una obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde es fuerte el kirchnerismo.
Los argumentos del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) son duros, por ejemplo afirmando que “tras haber examinado los hechos en toda su extensión -´la película completa´, apelando a la metáfora-, la política pública que su Gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”.
El escrito de los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso alcanza 1.616 páginas, con frases contundentes como el haber comprobado “un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito”.
El tribunal explicó que el punto de partida de la maniobra ilegal fue una medida para que los fondos de la obra pública quedaran a disposición de la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Nelson Periotti -también condenado- para el pago de los certificados de obra. Los jueces hablaron de “licitaciones fraudulentas” enmarcadas en un decreto que brindaría la opacidad necesaria a la acción corrupta de los involucrados.
Ese decreto de 2009, los negocios paralelos de Báez con la familia Kirchner en el sector hotelero y el “plan limpiar todo” los elementos clave tomados en cuenta por los magistrados. Este último se refiere a los mensajes de Whatsapp que se encontraron en el celular del entonces secretario de Obras Públicas José López cuando fue detenido en junio de 2016 ocultando en un convento bolsos con 9 millones de dólares, con supuestas indicaciones de borrar evidencias de delitos al haber perdido las elecciones presidenciales de 2015.
“La magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad”: enriquecerse con dinero público, dejaron por sentado en el fallo sobre un desfalco de 84.800 millones de dólares, al cambio de aquel entonces pues las operaciones se hacían en pesos argentinos que actualmente equivalen a unos 410 millones de dólares.
“Los fundamentos del fallo contra Cristina son vergonzosos, solo buscan proscribirla”, expresó el ministro de Justicia, Martín Soria, al conocerse el jueves los fundamentos judiciales de la condena a Cristina Fernández. Advirtió que buscan evitar que pueda volver a ser electa como mandataria.
También el actual ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, habló de persecución contra la vicepresidenta y contra todo el kirchnerismo. En la misma tónica declaró el ministro de Interior, Eduardo de Pedro.
“Proscripta por hacer feliz al pueblo argentino”, reaccionó el movimiento La Cámpora, base fundamental de la militancia K.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner tiene 10 días a partir de este jueves para apelar la sentencia del TOF2 ante la Cámara Federal de Casación Penal. Si la deja firme, la siguiente instancia sería la Corte Suprema de Justicia solicitando un recurso extraordinario que, en el caso de ser rechazado, habilitaría la posibilidad de introducir una queja directa ante el máximo tribunal, que no tiene plazos para decidir sobre la causa.
