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La libertad de expresión retrocedió en América Latina: cayó 7% en poco más de una década

La libertad de expresión retrocedió en América Latina: cayó 7% en poco más de una década

Un informe de la Unesco, considerado una de las radiografías más completas sobre el estado del periodismo a nivel global, advierte que la región registra un declive promedio anual de 0,53%, una tendencia constante que combina presiones políticas, violencia contra los comunicadores, debilidad institucional y una profunda crisis económica de los medios.

La libertad de expresión y el acceso a la información en América Latina y el Caribe atraviesan uno de sus momentos más alarmantes en las últimas décadas. Entre 2012 y 2024, estos derechos fundamentales cayeron 6,86% en la región, según el informe Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios 2022–2025, publicado por la Unesco.

La cifra confirma que el deterioro no es aislado ni coyuntural, sino parte de un proceso sostenido que amenaza el funcionamiento democrático y el derecho ciudadano a estar informado.

El estudio, considerado una de las radiografías más completas sobre el estado del periodismo a nivel global, advierte que América Latina y el Caribe registran un declive promedio anual de 0,53%, una tendencia constante que combina presiones políticas, violencia contra periodistas, debilidad institucional y una profunda crisis económica de los medios.

Democracias frágiles y periodismo bajo presión.

De acuerdo con la Unesco, el retroceso de la libertad de expresión en la región está estrechamente vinculado al debilitamiento de los contrapesos democráticos.

Parlamentos menos independientes, sistemas judiciales presionados y ejecutivos con mayor poder han reducido los márgenes de protección para el ejercicio periodístico, incluso en países con marcos legales formales sobre acceso a la información.

Aunque América Latina fue pionera en aprobar leyes de acceso a la información pública, con un número récord de normativas en la última década, el informe señala que estas garantías conviven con nuevas formas de control, como leyes ambiguas, demandas judiciales estratégicas contra periodistas y el uso del aparato legal para intimidar a medios críticos.

Violencia, exilio y autocensura.

El informe también subraya que la violencia sigue siendo uno de los factores más graves.

A esto se suma el crecimiento del exilio periodístico, un fenómeno que ha marcado países como Nicaragua, Venezuela, Cuba y El Salvador.

La Unesco alerta que cuando los periodistas se ven forzados a salir de sus países, las comunidades pierden acceso a información local confiable, debilitando aún más el debate público.

Según los datos analizados en el informe, esta práctica creció de forma sostenida a nivel global y también se refleja en América Latina, donde muchos periodistas evitan cubrir temas considerados “sensibles” para proteger su integridad física o su estabilidad económica.

Plataformas digitales, desinformación y poder concentrado.

Otro elemento es el rol de las grandes plataformas tecnológicas. La Unesco señala que el ecosistema digital ha amplificado la desinformación, el discurso de odio y las campañas de descrédito contra periodistas.

También afirmó que concentra la mayor parte de los ingresos publicitarios, profundizando la crisis financiera de los medios tradicionales en la región.

El informe además plantea el impacto de la inteligencia artificial generativa, que puede producir contenidos aparentemente creíbles sin sustento en hechos verificables, desplazando al periodismo profesional en un entorno ya saturado de información engañosa.

Para la Unesco, el deterioro de la libertad de expresión en el mundo no solo afecta a periodistas y medios, sino que compromete el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.10, que busca garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales antes de 2030.

“El acceso a información confiable es un bien público”, recuerda el informe.

Enfatiza que, sin un periodismo libre, viable y protegido, la región enfrentará mayores dificultades para combatir la corrupción, enfrentar la crisis climática, reducir desigualdades y fortalecer la participación ciudadana.

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