La jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, se declaró competente para tramitar una acción preventiva impulsada por excombatientes y abogados ambientalistas. El proyecto, liderado por empresas británicas e israelíes, carece de autorización argentina.
El Juzgado Federal de Tierra del Fuego dio un paso clave en la defensa de la soberanía y el medio ambiente al tomar intervención en la causa que busca paralizar el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en aguas de las Islas Malvinas. La jueza Mariel Borruto se declaró competente para tramitar la acción preventiva y habilitó a la provincia para participar formalmente en el proceso.
La controversia gira en torno a la asociación entre la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, quienes planifican llevar a cabo perforaciones en la Cuenca Norte del archipiélago. El proyecto de extracción es de gran envergadura: contempla la instalación de pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de un tendido de ductos y conductos verticales.
La demanda: soberanía y leyes ambientales.
La acción judicial fue promovida de manera conjunta por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Ambas organizaciones exigen el cese inmediato de las tareas, denunciando que las compañías operan sin haber presentado una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas y que carecen del certificado exigido por la Ley General del Ambiente (N.º 26.675).
En su resolución, la jueza Borruto advirtió que estas instalaciones afectarían el lecho y el subsuelo de la plataforma continental argentina. En este sentido, recordó que, bajo la Ley de Hidrocarburos (N.º 26.659 y su modificatoria 26.915), cualquier actividad de exploración o explotación en esa zona sin autorización del Estado nacional es estrictamente ilegal.
El respaldo fiscal.
La postura del juzgado encontró sustento en el dictamen emitido por la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande. El fiscal Marcelo Rapoport y la auxiliar Lorena Bendaña alertaron que el impacto ambiental proyectado trasciende las jurisdicciones. Además, señalaron la gravedad de que los organismos nacionales no hayan tenido acceso integral a la información técnica del proyecto ni se hayan abierto instancias de participación pública, motivando así la viabilidad de la vía preventiva.
Próximos pasos en la Justicia y la política.
De cara al avance del expediente, la Justicia dictó las siguientes medidas:
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Intervención provincial: Se otorgó un plazo de diez días a la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego para que asuma la representación en la causa y vele por la preservación del patrimonio ambiental.
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Aviso de los demandantes: Se intimó a la AAdeAA y al CECIM a informar en un plazo de cinco días si han presentado acciones judiciales similares en otros tribunales del país.
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Traducción de documentos: Se exigió la presentación de las actuaciones extranjeras traducidas y en formato digital para continuar con el análisis de las medidas cautelares.
En paralelo al accionar judicial, el gobierno nacional mantuvo una reunión con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, con el objetivo de coordinar una respuesta política e institucional frente al avance extranjero en el Atlántico Sur.
Redacción: Nova Comunicaciones.
