El Tribunal Supremo dictó una sentencia unánime contra quien fuera el “número tres” del PSOE por el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia y contrataciones irregulares. Su exasesor, Koldo García, recibió 19 años de prisión.
En un fallo histórico que sacude los cimientos políticos de España, el Tribunal Supremo condenó este lunes de forma unánime a 24 años y tres meses de prisión al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. La sentencia, firmada por los siete magistrados del tribunal, lo encuentra culpable de graves irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia de Covid-19 y por la contratación ilegal de mujeres en empresas públicas.
Ábalos, quien supo ser el hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ocupó el estratégico cargo de secretario de Organización (número tres) del PSOE, se convierte así en el ex alto cargo de mayor peso institucional en ser condenado por la gestión de fondos públicos durante la emergencia sanitaria.
Tramas de corrupción y las penas del caso.
El proceso judicial determinó la existencia de una red que operaba dentro del Ministerio de Transportes para adjudicar contratos masivos a cambio de “mordidas” y comisiones ilegales. La resolución del Tribunal Supremo no solo golpeó a Ábalos, sino también a su entorno más cercano:
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Koldo García (19 años de cárcel): El exasesor directo de Ábalos fue condenado a casi dos décadas de prisión por su rol activo e indispensable en el entramado de corrupción.
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Víctor de Aldama (4 años y medio): El comisionista clave de la red, quien confesó durante el juicio haber pagado los sobornos a los funcionarios, recibió una pena menor. No obstante, el tribunal resolvió suspender la ejecución de su condena.
El tribunal consideró plenamente probados los delitos, subrayando la contundencia de la investigación en torno a cómo se utilizaron los canales de contratación de emergencia en plena crisis sanitaria global para desviar fondos y favorecer a intermediarios.
Dos líneas de investigación criminal.
El caso, que mantuvo en vilo a la opinión pública española, se centró en dos operaciones delictivas paralelas ejecutadas desde la posición de poder que ostentaba el exministro:
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Contratos de mascarillas: La adjudicación digital y directa de contratos millonarios para la compra de barbijos a empresas vinculadas a la red a cambio de comisiones ocultas.
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Inserción irregular en entes públicos: La colocación y contratación de diversas mujeres en sociedades y empresas dependientes del Estado sin cumplir con los requisitos legales y de forma arbitraria.
Este fallo del Tribunal Supremo marca un precedente judicial sin precedentes en la historia reciente de España debido a la jerarquía de los implicados. Mientras tanto, se prevé que el impacto y las réplicas políticas de esta sentencia continúen sacudiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez en los próximos meses.
Redacción: Nova Comunicaciones.
