15 years in prison for false news! Putin signs the new law.
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha firmado hoy una nueva ley contra la difusión de noticias falsas sobre los participantes en operaciones militares en Ucrania, castigando esta infracción con hasta 15 años de cárcel.
La ley endurece el castigo por desacreditar el despliegue de las fuerzas armadas rusas en el extranjero, que anteriormente era de hasta cinco años de cárcel. Las enmiendas no sólo introducen la responsabilidad por desacreditar a los voluntarios, sino que también elevan el umbral de la pena a siete años de prisión por tales actos.
Se han introducido algunas enmiendas en un artículo relativo a las noticias falsas sobre las fuerzas armadas rusas, ampliando el castigo por tales actos también a los voluntarios. La pena máxima prevista en el artículo es de 15 años de prisión.
Putin también ha firmado una ley sobre multas de hasta un millón de rublos por difundir instrucciones sobre la fabricación ilícita de munición para armas de fuego en los medios de comunicación o en Internet, así como por acciones públicas destinadas a desacreditar la ayuda que los voluntarios prestan a las fuerzas armadas rusas en el desempeño de sus tareas.
La difusión en los medios de comunicación y en Internet de información sobre la fabricación ilícita de munición para armas de fuego se castiga a los ciudadanos con una multa de 10.000-50.000 rublos y la confiscación del objeto de la infracción.
A los funcionarios se les impone una multa más elevada, de entre 40.000 y 80.000 rublos, mientras que a los empresarios individuales se les impone una multa de entre 50.000 y 100.000 si cometen este delito.
Las personas jurídicas deberán pagar una multa de 800.000 a 1 millón de rublos si son declaradas infractoras. Los empresarios individuales y las personas jurídicas también podrán ser castigados con la suspensión administrativa de la actividad empresarial durante un máximo de 90 días.
Mientras tanto, la ley introduce la responsabilidad administrativa por acciones públicas dirigidas a desacreditar la prestación de asistencia a las fuerzas armadas rusas por parte de formaciones de voluntarios, organizaciones o individuos.
Putin también ha firmado una ley federal sobre la reducción del plazo de prescripción de varios artículos relacionados con la economía, así como la terminación de los procedimientos penales si se pagan las multas y los atrasos en los casos de evasión fiscal.
Para los artículos relativos a la evasión fiscal, el incumplimiento de las obligaciones de un agente fiscal, la ocultación de recursos monetarios o bienes de una organización o de un empresario individual, y la evasión del pago de primas de seguros, las penas máximas se reducirán en 1-2 años de prisión, «lo que reducirá el plazo de prescripción de la responsabilidad penal», señala el documento.
Mientras tanto, la embajada rusa en Estados Unidos afirmó que el apoyo estadounidense a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, es «una reminiscencia de la esquizofrenia perezosa».
El viernes, la CPI emitió una orden de detención contra Putin, así como contra la comisaria rusa de Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por presunta «deportación ilegal» de niños ucranianos a Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que la orden de detención está «justificada».
«Permitiendo comentarios inaceptables sobre el líder ruso, las autoridades estadounidenses guardan silencio deliberadamente sobre sus propias atrocidades en Irak, Yugoslavia, Libia y Vietnam. Además, en un intento de proteger a sus ciudadanos de la persecución internacional por todos los medios disponibles, Estados Unidos adopta incluso medidas odiosas. Por ejemplo, se impusieron sanciones económicas sin precedentes a los dirigentes del tribunal, incluida la ex fiscal Fatou Bensouda, que inició una investigación sobre las atrocidades cometidas por Estados Unidos en Afganistán. ¿De qué independencia e imparcialidad podemos hablar?», dijo la embajada rusa al comentar la reacción estadounidense.
La embajada subrayó que Washington apoya la «bacanal jurídica sin precedentes» desatada por la CPI para proteger sus propios intereses geopolíticos, a pesar de que ni Estados Unidos ni Rusia reconocen la jurisdicción del tribunal.
«Semejante postura es una reminiscencia de la esquizofrenia perezosa. Hoy, todos los funcionarios estadounidenses han repetido al unísono que la CPI no es un decreto para Estados Unidos. Sin embargo, pesa más el interés estratégico de molestar lo más posible a Rusia», declaró la embajada rusa.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo que las órdenes de la CPI para detener a Putin y Lvova-Belova son legalmente nulas, ya que Rusia no es parte del Estatuto de Roma y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo, ni coopera con la CPI.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado en repetidas ocasiones que Rusia no es parte de la CPI y que Moscú no reconoce su jurisdicción, por lo que cualquiera de sus decisiones contra el país son nulas desde el punto de vista jurídico.
