El Ejecutivo publicó un comunicado oficial en rechazo al informe del Comité contra la Tortura de la ONU y sostuvo que el texto es “abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista”.
El gobierno de Javier Milei emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo al reciente informe del Comité contra la Tortura de la ONU, que alertó sobre condiciones de hacinamiento en comisarías y cárceles en Argentina. En el mismo, también cuestionó la actuación de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones sociales.
El documento de la ONU cuestionó, entre otras cosas, la prolongada detención en dependencias policiales describiendo situaciones de “celdas sin ventilación ni luz natural; falta de instalaciones sanitarias adecuadas, acceso deficiente al agua potable; alimentación insuficiente; y la ausencia de espacios al aire libre o zonas de recreo”. También denunció demoras en la atención médica, trato inadecuado y responsabilidades por uso excesivo de la fuerza en controles de protestas.
Cuál fue la defensa del Gobierno frente al cuestionamiento de la ONU.
En su comunicado, el Gobierno calificó el informe de la ONU como un texto “abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista” que exhibe “un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos”. A su vez, sostuvo que el informe “omite graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández”, enumerando episodios de violencia policial y sucesos graves de derechos humanos que, según su versión, no fueron tomados en cuenta.
El Comité contra la Tortura reclamó al Estado poner fin al uso de comisarías como lugares de detención prolongada y exigió garantizar condiciones dignas de reclusión con luces naturales, ventilación, atención sanitaria oportuna y espacios adecuados para quienes permanecen privados de su libertad. Además, solicitó que las fuerzas de seguridad respeten protocolos claros en sus operativos y reduzcan el uso indiscriminado de armas, gases o balas de goma en manifestaciones sociales.
En respuesta, el Ministerio de Seguridad afirmó que el informe “carece de equilibrio” y consideró que “se aparta de su mandato técnico”, acusando al organismo internacional de revestir “una supuesta cosmética neutral a evidentes posiciones provenientes de organizaciones militantes”.
El cruce puso en el centro un debate complejo: la crítica internacional apunta a problemas estructurales del sistema penitenciario y policial argentino; el Gobierno, en cambio, argumentó que el documento es partidario y omite contextos de violencia previos.
