Desde el intendente hasta el comisario: Itatí, el pueblo de 6 mil habitantes tomado por el narcotráfico

Irónicamente, Itatí significa en guaraní “piedra” (ita) “blanco” (ti, término que también puede aludir a “nariz”). Es poco probable que los narcos que usaron el pueblo de seis mil habitantes para traficar droga -especialmente, marihuana y en menor medida, cocaína- sepan el dato que figura en el sitio oficial. Sí conocieron, en cambio, la fórmula para ganar cómplices en cargos claves de este lado de la orilla del Río Paraná: desde el intendente al comisario. Todos amparados bajo el paraguas judicial.

La historia comenzó en 2017, en una Argentina sin pandemia y con otro gobierno a cargo. El Operativo Sapucay de Gendarmería causó gran conmoción en la ciudad que venera a la Virgen. En una silla esposado y en sandalias, Natividad “Roger” Terán miraba al suelo avergonzado, como un chico al que descubrieron haciendo travesuras.

No fue el único detenido en esa jornada que mostró a un macrismo triunfal sobre el narcotráfico, una de las banderas de la gestión. También fueron apresados el vice de la comuna, Fabio Adrián Aquino; el comisario Diego “Negro” Ocampo Alvarenga, un sargento de la Policía Federal, un comandante de Gendarmería y un integrante de Prefectura. Hubo, en total, 37 órdenes de detención. Se incautaron 40 autos, tres lanchas y dos camiones.

Detrás, una organización que llegó a transportar desde Paraguay, vía fluvial, 700 kilos de marihuana en viajes que duraban menos de cuatro minutos. La banda estaba liderada por el “pescador” Carlos “Cachito” Bareiro, en coordinación con Federico “Morenita” Marín, que logró permanecer oculto por tres años en una isla del Paraná hasta que fue capturado en octubre de 2018.

Según pudo determinar la investigación que nació en 2014 en el Juzgado Federal N°12 -en ese momento, bajo la dirección de Sergio Torres- los panes eran distribuidos y comercializados en barrios de emergencia del AMBA. También en Rosario, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca.

La causa tuvo el aporte de la Procunar, a cargo del fiscal Diego Iglesias y el auxiliar Martín Uriona. El equipo antinarco del Ministerio Público Fiscal analizó más de 35 expedientes y la incautación de 26 cargamentos de marihuana para desgranar el patrón conductual de la estructura, divido en tres fases: el ingreso, la llegada a Itatí y la distribución al resto del país.

La connivencia de los funcionarios públicos itateños fueron solo un peldaño, aunque necesario. En el pueblo, además, el narcotráfico daba trabajo donde faltaba. La organización contrataba, por pequeñas sumas de dinero, desde “Lancheros”, que trasladaban la carga a islas o lugares de acopio y actuaban como “pantalla”; a “Maleteros” que extraían los cargamentos de las barcazas, a la vera del río, fraccionándolos en mochilas, para llevarlos a pie por el monte a los vehículos dispuestos a los traslados a diferentes puntos del país.

Esos vehículos podían estar estacionados en la Ruta 1 o bien, esperar resguardados en casas de Itatí que funcionaban como centros de acopio. El mismo trabajo que los maleteros podían realizarlo los “escueleros”, menores de edad que eran “arriados” desde las escuelas para cumplir con la labor narco. No era inusual ver a grupos de chicos de 14, 15 y 16 años, corriendo hacía el río cuando la campana marcaba el fin de la jornada educativa.

En este contexto, además del guaraní y el castellano, en la ciudad correntina se escuchaba otra “lengua”: “Surubí” y “Dorados” no hacían referencia a los peces autóctonos, si no a la calidad de la droga y su embalaje. “Corderos”, “caballos” y “patos”, animales para identificar en clave a los panes de marihuana, a los vehículos que usaban para transporte y a los prefectos que vigilaban la costa y no eran parte del esquema.

“Lechugas”, “verdes” y “loros” llamaban a los gendarmes por el color de su uniforme. Por último, los “Chajá”, armados con celulares y motos, que alertaban de movimientos extraños a la banda y recorrían las calles en las que no se veía ni un solo policía. Fuera de los límites itateños, “punteros”, “limpiaban” el camino para tranquilidad de los transportistas.

La droga entraba por Itatí y era distribuida al resto del país. (Foto: MPF).

Apostado en una estación de servicio, una persona avisaba sobre la entrada y salida de personas ajenas al pueblo. Los describía por celular y mencionaba si tenía el perfil de un miembro de alguna fuerza de seguridad, PNA, PFA y GNA.

Entre 2011 y 2017, se incautaron 18 toneladas de marihuana adjudicadas a la banda. Causas que tuvieron nulo avance en las manos Carlos Soto Dávila, el exjuez federal con competencia electoral por 23 años en Corrientes, hasta que fue detenido y procesado en 2018 por beneficiar a narcos con sus fallos. Entre ellos, a “Cachito” y a “Morenita”.

“Estamos ante una estructura criminal que, sistemáticamente y de forma organizada, y con la participación de una multiplicidad de individuos ingresó toneladas y toneladas a la Argentina desde Paraguay, a través del Río Paraná, mediante embarcaciones”, resumió en su alegato el titular de la Procunar.

Iglesias destacó en el debate que, a lo largo del tiempo, la célula criminal funcionó de forma ininterrumpida, pese a la detención de algunos de sus miembros y la pérdida de los cargamentos. Por último, subrayó la “poderosa influencia” que la banda tuvo sobre diversas “dependencias públicas de orden municipal, provincial y nacional”.

Las condenas a la banda de Itatí.

Este jueves, el exintendente Natividad “Roger” Terán, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de asociación ilícita, luego de que se homologara el juicio abreviado que él y otros 26 acusados firmaron.

El acuerdo fue aceptado y firmado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3, integrado por Fernando Marcelo Machado Pelloni, Javier Feliciano Ríos y Andrés Fabián Basso, que tuvo a su cargo el juicio mediante el cual condenaron, hace dos semanas, a otros diez integrantes de la banda, entre ellos tres exmiembros de fuerzas de seguridad, a penas de entre 7 y 17 años de prisión.

Carlos Bareiro recibió la mayor condena al ser considerado el líder de organización, secundado por el comisario Ocampo Alvarenga (nueve años y medio de cárcel) por el delito de de comercio de material estupefaciente, agravado por la intervención de funcionarios públicos y por servirse de menores de edad, en concurso real con asociación ilícita.

En un extenso fallo de 335 páginas, el TOF 3 resolvió “hacer lugar a la solicitud de juicio abreviado y homologar los acuerdos presentados por las partes”.

De esta manera, los jueces sentenciaron al exintendente de Itatí a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el tiempo de la condena, por considerarlo penalmente responsable del delito de asociación ilícita.

El TOF 3 dispuso además que Terán deberá fijar un domicilio y someterse a la supervisión del Patronato de Liberados, para mantener la condicionalidad de la pena.

En tanto, el exviceintendente de Itatí, Fabio Adrián Aquino, recibió una pena de tres años y ocho meses de cárcel, por el delito de “asociación ilícita, en calidad de miembro, en concurso real con tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de funcionarios públicos y por servirse de menores de 18 años de edad, en carácter de partícipe secundario”.

Mientras que sus hermanos Hebelín Aída y Cristian Leonardo Aquino fueron condenados a 6 años de prisión por los mismos delitos pero en calidad de coautores. Misma pena recibió Alejandro Néstor “Cucurucho” Piris, cuñado de la hija de Terán.

Por su parte, Corina Araceli Noguera, cuñada del exviceintendente, fue condenada a tres años de prisión en suspenso.

“Morenita” Marín recibió la pena más alta en el marco del juicio abreviado: doce años de cárcel por ser jefe de la asociación ilícita.

Fuente: TN.