El brasileño Rafael Valim se incorporará al equipo de la expresidente para impulsar presentaciones ante organismos internacionales.
La expresidente Cristina Kirchner incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, uno de los letrados vinculados a la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al equipo que prepara la estrategia para cuestionar ante tribunales y organismos internacionales la condena que recibió en la causa Vialidad.
El abogado que se suma a la defensa internacional.
Valim trabajará junto al abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el diseño de las presentaciones que la defensa impulsará fuera de la Argentina.
El abogado brasileño es doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP), profesor de Derecho Público y cuenta con más de veinte años de experiencia en Derecho Constitucional y derechos humanos.
“En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta“, afirmó Valim en declaraciones al medio brasileño Metropoles.
Además, sostuvo estar ”firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto” que intentarán “revertir en los tribunales“.
La situación judicial de Cristina Kirchner.
Valim participó en distintas causas ante tribunales internacionales y publicó el libro “Lawfare: una introducción” junto al magistrado del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.
La estrategia que elaborará junto a Borrego buscará cuestionar la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), posteriormente ratificada por la Corte Suprema, que impuso a Cristina Kirchner seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Semanas atrás, la Corte Suprema también rechazó los planteos presentados por la defensa de la expresidente y del resto de los condenados para evitar la actualización del decomiso de bienes en la causa. De ese modo, quedó firme el monto de $685.000 millones que deberán devolver por el perjuicio económico determinado por la Justicia.
