Cámaras industriales nacionales denuncian que la adjudicación de un campamento para 5.000 trabajadores al consorcio PowerChina destruye el compre local. Advierten que el ahorro es insignificante en una inversión de 18.000 millones de dólares y que se perderá el 88% del empleo potencial.
La implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras sumaron su primer gran foco de conflicto intersectorial. La adjudicación del campamento Batidero, un complejo habitacional modular destinado al megaproyecto de cobre Vicuña en la alta cordillera de San Juan, desató un fuerte rechazo en la industria argentina. El consorcio liderado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., se quedó con el contrato para importar directamente desde China una ciudad modular prefabricada, relegando a los proveedores locales.
El complejo inicialmente contará con 2.500 camas, pero debido a la dinámica de los esquemas rotativos mineros, albergará de forma constante a entre 3.500 y 5.000 personas, con proyección a escalar hasta las 6.000 plazas (para 12.000 trabajadores en total) a medida que avance el emprendimiento impulsado por Lundin Mining y BHP.
Números que encienden la polémica.
La controversia radica en la abismal diferencia de impacto económico y laboral entre la propuesta extranjera y la capacidad instalada nacional.
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La oferta ganadora: El consorcio asiático cotizó la obra en 52 millones de dólares (unos 500 dólares el metro cuadrado en origen, más 200 de flete internacional, totalizando cerca de 1.900 dólares puesto en el sitio).
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La oferta nacional: La empresa local Modular Homes ofertó 70 millones de dólares (a razón de 1.300 dólares el metro cuadrado de fabricación).
Si bien la diferencia es de 18 millones de dólares, los industriales argentinos argumentan que esa cifra es marginal e insignificante, ya que representa apenas el 0,01% de los 18.000 millones de dólares que contempla el desarrollo total del proyecto Vicuña hasta el año 2040.
Impacto en el Empleo y la Cadena de Valor.
| Indicador | Producción Nacional | Importación desde China | Impacto Real |
| Empleo Directo | +400 puestos de trabajo | ~50 puestos de trabajo | Se pierde el 88% del empleo |
| Proveedores Locales | ~50 empresas integradas | Rol marginal / Logística básica | Asfixia al compre nacional |
| Insumos | Acero y paneles locales | Componentes 100% subsidiados | Fuga de valor agregado |
“Asimetría impositiva” y dudas sobre la calidad.
Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, cuestionó con dureza las condiciones de competencia. Según el dirigente, las corporaciones estatales chinas corren con ventajas de subsidios en origen, a lo que se suman las exenciones impositivas de la Ley 24.196 que les permiten ingresar bienes de capital sin aranceles.
“Si la empresa argentina hubiera tenido el mismo beneficio de exención de impuestos, habría presentado una oferta incluso más económica”, enfatizó Rudoni, señalando que la carga impositiva local representa hasta un 30% del costo final del producto.
Asimismo, desde el sector técnico de las cámaras (CACMI, CAPRIMSA y CAPMIN) advirtieron que las estructuras tipo “casa contenedor” importadas no igualan los estándares de calidad nacional respecto de las normas antisísmicas y el aislamiento térmico extremo que exige la cordillera sanjuanina. Recordaron, además, que la industria local demostró su capacidad y escala al levantar once hospitales modulares en 40 días durante la pandemia y abastecer campamentos de alta complejidad en Vaca Muerta.
El dilema del derrame económico.
El caso de San Juan reaviva el fantasma de los proyectos estratégicos “llave en mano” que actúan como enclaves, sin derramar riqueza en el tejido industrial interno, tal como ocurrió recientemente con la importación de caños de la India para un gasoducto clave.
El proyecto Vicuña (que iniciará con una inversión de 7.000 millones de dólares para la puesta en marcha de la mina Josemaría) busca posicionar a la Argentina como un actor global del cobre con 400.000 toneladas anuales de exportación. Sin embargo, el entramado pyme nacional advierte que si los beneficios fiscales del RIGI solo sirven para financiar la infraestructura exterior, el promocionado “derrame” minero quedará reducido a un mero espejismo macroeconómico. Las cámaras ya solicitaron de forma urgente una mesa de diálogo con las operadoras mineras para revisar los criterios de las futuras licitaciones.
Redacción: Nova Comunicaciones.
