Julio De Vido fue encontrado como responsable del delito de administración fraudulenta agravada por pagar comisiones a un privado.
Este martes, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, fue condenado a cuatro años de prisión por el pago indebido de comisiones para importar Gas Natural Licuado (GNL). En este sentido, la decisión tomada por el Tribunal Oral Federal 7 implica la devolución de más de cinco millones y medio de dólares como reparación de la maniobra fraudulenta.
Los detalles de la condena a Julio De Vido.
El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, no sólo condenó a Julio De Vido sino también al ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio, Roberto Baratta, a tres años y seis meses de prisión.
A pesar de que ambas penas son de cumplimiento en prisión, por el momento ninguno quedará detenido hasta tanto la condena quede eventualmente firme. Sin embargo, el Tribunal estableció la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tanto para De Vido como para Baratta.
Por otro lado, Nicolás Dromi Sanmartino, empresario que intermedió en la compra del GNL también fue condenado a tres años. No obstante, su pena es de suspenso, por lo que no irá a prisión y deberá cumplir una serie de pautas, como realizar un curso de ética pública para el sector privado.
De esta manera, el Tribunal los encontró responsables del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y entre los tres condenados deberán devolverle al estado nacional cinco millones y medio de dólares en concepto de reparación por la maniobra fraudulenta.
En este contexto, el veredicto se leyó por videoconferencia en la que estuvieron presentes De Vido y el resto de los acusados. Mientras tanto, por la mañana, los tres involucrados tuvieron la posibilidad de decir sus últimas palabras y, de igual manera que hizo en otros procesos, el ex ministro solo le agradeció el trato a los jueces.
Los detalles de la sentencia.
Por otra parte, el próximo 28 de noviembre se conocerán los fundamentos del veredicto y desde allí las defensas podrán apelar para que la decisión sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal, ya que en el juicio oral habían pedido sus absoluciones.
En este caso se juzgó el pago indebido de 5.500.000 dólares a la empresa Diligentia S.A para importar al país GNL a través de 11 barcos para el Programa Energía Total (PET). El director ejecutivo de esa compañía era Dromi Sanmartino, hijo de Roberto Dromi, el fallecido ex ministro de los gobiernos de Carlos Menem.
La fiscal Fabiana León había pedido condena para De Vido, Baratta y Dromi Sanmartino por considerar que la intermediación no era necesaria. “Nos encontramos frente a una infracción sistemática de deberes funcionales en el manejo de fondos públicos, en el marco de una política energética nacional que fue diseñada e implementada por el Estado, y eso exige reforzar la sanción como expresión del reproche social e institucional”, presentó en su alegato León.
No obstante, para la fiscal hubo “un esquema de contratación fraudulenta en el que se pagaron más de 5 millones de dólares en comisiones innecesarias y desproporcionadas a empresas sin antecedentes técnicos, con beneficio directo para particulares allegados a ellos”.
Por su parte, las defensas habían pedido sus absoluciones. En este contexto, el equipo de De Vido planteó en su alegato que no violó ninguno de sus deberes a su cargo, sino que “actuó dentro de la ley y conforme a las facultades que poseía”. “No se configuró ningún tipo de perjuicio ni actual ni potencial al patrimonio del Estado”, reveló la defensa.
