El fiscal Mario Villar solicitó que el Tribunal Oral Federal 2 mantenga la ejecución de los bienes decomisados a la expresidenta en el marco de la causa Vialidad.
El fiscal dictaminó que la ejecución de los bienes debe quedar bajo la órbita penal, al considerar que el decomiso “busca eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas de manera ilícita”. De este modo, Cristina Kirchner y Lázaro Báez no podrán trasladar el expediente al fuero Civil y Comercial, tal como habían solicitado.
El tribunal avance con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner.
En su presentación, Villar remarcó que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso deben continuar con la ejecución de los bienes, ya que el decomiso “no equivale a una indemnización civil, sino que es una herramienta del Estado para recuperar ganancias ilícitas”.
El fiscal también rechazó los intentos de la defensa por cuestionar el monto y la metodología utilizada para calcular la cifra. Según explicó, el valor surge de los sobreprecios en las obras públicas adjudicadas a las empresas de Báez durante los gobiernos kirchneristas. “Todas las circunstancias fueron investigadas, juzgadas y revisadas conforme al debido proceso”, afirmó.
Casación tiene cinco días para resolver el planteo.
Mientras tanto, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, debe definir si el trámite seguirá en el fuero penal. En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se avance con la ejecución de veinte inmuebles vinculados a la familia Kirchner, aunque el TOF 2 esperará la resolución final.
En un fallo anterior, Casación confirmó que Cristina Kirchner deberá devolver $684 mil millones, ratificando el criterio del TOF 2, que actualizó el monto mediante el índice de precios al consumidor (IPC). La expresidenta había propuesto una cifra menor, $42 mil millones, basada en cálculos de sus propios peritos y en la tasa pasiva del Banco Central.
Los jueces consideraron que la actualización por IPC es razonable y no arbitraria, ya que permite preservar el valor real del beneficio obtenido ilícitamente. Además, recordaron que el decomiso es obligatorio como consecuencia accesoria de la condena penal, en línea con lo que establecen el Código Penal y las convenciones internacionales contra la corrupción.
