El Juzgado Federal de Gualeguaychú determinó que no hay pruebas suficientes para procesar ni sobreseer a los diez implicados en la investigación por presuntas irregularidades en la actividad de las areneras. El juez Hernán Viri ordenó profundizar la investigación.
GUALEGUAYCHÚ – En una resolución de alto impacto político y ambiental, la Justicia Federal dictó este 27 de abril la “falta de mérito” para diez imputados —entre ellos ministros, exministros y autoridades municipales— en el marco de la causa que investiga presuntas anomalías en la explotación de arena en el departamento Islas del Ibicuy.
El magistrado a cargo, Dr. Hernán Viri, consideró que, en esta instancia del proceso, los elementos probatorios recolectados no alcanzan la entidad necesaria para dictar un procesamiento, pero tampoco son lo suficientemente categóricos como para desvincular definitivamente a los involucrados a través de un sobreseimiento.
Alcance de la medida.
La resolución judicial afecta a figuras de peso tanto de la gestión anterior como de la actual administración provincial. Entre los alcanzados por la medida se encuentran:
- Exfuncionarios: Los exministros de Producción y Economía, Juan José Bahillo y Hugo Ballay; la exsecretaria de Ambiente, Daniela García; y el exintendente Gustavo Roldán.
- Autoridades actuales: El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; el director de Desarrollo Minero, Ricardo Iturriza; y el funcionario Osvaldo Fernández.
- Ámbito municipal y empresarial: El actual intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, y la presidenta de la firma Cristamine S.A.
Los fundamentos del juez.
La causa gira en torno a posibles irregularidades en la renovación de certificados de aptitud ambiental y supuestos daños ecológicos en el arroyo El Cuartillo, derivados de la actividad extractiva. Según los considerandos del fallo, el juez señaló la existencia de una “duda razonable” sobre la relevancia penal de las acciones u omisiones de los imputados.
Durante las indagatorias, los acusados presentaron sus descargos técnicos, argumentando que sus decisiones se ajustaron a la normativa vigente y a la distribución de competencias administrativas propias de sus cargos.
Hacia una delimitación de responsabilidades.
Lejos de cerrar el expediente, el Dr. Viri dispuso una serie de medidas para “profundizar la investigación” y delimitar con precisión las responsabilidades funcionales de cada organismo involucrado entre los años 2022 y 2024.
Para ello, el Juzgado ha solicitado informes detallados al Gobierno de Entre Ríos sobre las atribuciones específicas de las carteras mencionadas. Asimismo, se confirmó que durante el mes de mayo continuará la toma de declaraciones testimoniales a especialistas del área de Gestión Ambiental.
El objetivo final de estas nuevas diligencias es realizar una evaluación integral que permita definir la situación procesal definitiva de los implicados una vez que se analice la nueva información técnica y administrativa incorporada al expediente.
Redacción: Nova Comunicaciones.
