Bordet-Stratta are going for the re-election in the IOSPER of a violent gender and labor harasser, according to justice.
El candidato de Laura Stratta, Gustavo Bordet, Julio Rodríguez Signes , Rosario Romero, Sonia Velázquez, nos muestra a todos los entrerrianos y entrerrianas que el discurso que ellos tienen en materia de género, es solo una pose “para la gilada”.
Que todo depende “del a cara del violento”. Que los privilegios del poder “son de amianto” y resisten lo que para cualquier otro que no estuviera protegido “un incendio total”. Haz lo que digo pero no lo que hago, sería el resumen de la postura oficialista.
El caso “Cañete “ nos muestra que Bordet y sus amigos y amigas no le hacen caso a los fallos judiciales y que es más importante tener “un amigo” que les maneje la caja del IOSPER, que dar una señal clara a la sociedad que quieren ser contundentes con la ejemplaridad en la materia.
No tomaron el mismo temperamento que adoptaron, por ejemplo, con el ex juez Salem, también de Gualeguay, a quien mandaron a destituir por temas de acoso laboral y violencia de género. ¿ Será debido a que no era amigo de ellos como Cañete?
Una Obra Social fundida, que vos sabes mejor que nadie si sos afiliado que no te presta ni los servicios básicos, y que acapara el 99 por ciento de los amparos en la justicia entrerriana, que además gasta millonarias cifras en honorarios de abogados, con una junta fiscalizadora que no funciona, y que se ocuparía de controlar poco y nada, da un nuevo show: esta vez dos personas se reprochan mutuamente que no pueden ser electas.
La Ministra de Salud, que hace poco se horrorizó por la prescripción de la causa de Allende, cuando a ella la tenía como víctima tampoco se manifestó contundentemente pidiendo que CAÑETE no sea reelecto. Ni presentó su renuncia: Le decimos, la que calla otorga.
La Junta Electoral conformada para las elecciones del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) del próximo 6 de julio, confirmó las listas y candidatos oficializados.
En tanto, resolvió rechazar seis listas y la candidatura de Fabián Monzón, quien iba como titular de la Lista Azul y Blanca del gremio UPCN. Tenía una causa penal con condena desde 2019, pero los amigos de Rodríguez Signes y Bordet con su desgobierno, recién se dieron cuenta ahora. Una más de las miles de desprolijidades.
Pero dicen que era porque el hombre de UPCN, que responde a Allende, tenía chances de ser electo Presidente, y no es tan “confiable” como Cañete.
Fernando Cañete, el hoy Presidente del Directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos va por la reelección el 6 de julio. Pero resulta llamativo el silencio de todo el arco que brega por los derechos de las mujeres, tanto de la oposición como del oficialismo. Están tan contentos con el mandato del nombrado que hacen la vista gorda.
A dos empleadas del organismo, que denunciaron abuso de poder, violencia laboral y violencia de género, la justicia les dio la derecha.
Te contamos el pasado 21 de junio que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Paraná, dejó firme otra decisión de 2021 que rechazó el traslado de la empleada Silvana Olivera desde la agencia de Santa Elena hacia la delegación La Paz. Se había hecho lugar a la medida cautelar solicitada por la trabajadora y se ordenó la suspensión de la ejecución de una resolución del IOSPER del año 2020. Consideró “compulsivo” y “arbitrario” el traslado ordenado a “manu militari” y a contramano de las leyes por Cañete.
Como era obvio, se ordenó el reintegro de la empleada a la agencia de Santa Elena, “cumpliendo mismas funciones y en idéntica situación anterior al traslado”.
En éste mismo mes, el 7 de junio se dictó otra sentencia laboral en Gualeguay -ciudad de en la cual Cañete juega de local-.
La misma fue iniciada por una trabajadora por “violencia y discriminación en el ámbito laboral”, luego de que en 2019 se le quitara la titularidad de su cargo y fuera destituida de sus funciones. La resolución de la jueza laboral, Mónica Terraza, ordenó reincorporar a la empleada a sus tareas “garantizándole un ambiente saludable, libre de violencia y acoso, debiendo otorgarle tareas efectivas de la jerarquía y en la categoría de Delegada/Encargada que ocupaba antes del desplazamiento efectuado y dándole los recursos, espacios y herramientas tecnológicas para cumplirlas en esta ciudad”, en referencia a Gualeguay.
También conminó a Cañete y demás funcionarios a recibir capacitación “en materia de violencia en el ámbito laboral y prácticas discriminatorias fundadas en razón del género y otros motivos discriminatorios”, debiendo cumplir “a su exclusivo cargo y costo”.
La demanda se instruyó contra Cañete y otros cuatro funcionarios de IOSPER: el director de Delegaciones, el jefe de Delegaciones, y la delegada y la subdelegada de la agencia Gualeguay de la obra social.
Este último acontecimiento generó la impugnación de Cañete por los candidatos de la Lista 10 “Unidad” del Sindicato de Empleados de Obras Sociales de la Provincia de Entre Ríos (Seosper), Los mismos remarcaron: “La extrema gravedad de las imputaciones judicialmente establecidas por la sentencia -que incluyen las figuras del acoso, la discriminación, la violencia, el hostigamiento, el ejercicio irrazonable y abusivo de los poderes que le asisten como empleador, y aún la violencia de género- inhiben legal y moralmente a dicho funcionario para postularse a un nuevo mandato”, Cañete “debería ser inmediatamente removido de su cargo por el Sr. Gobernador, conforme prevé el artículo 14 de la Ley de creación del IOSPER”.
Entendieron que no incide el hecho de que dicha condena haya sido dictada por un juzgado perteneciente al fuero laboral y no por uno del fuero penal o criminal, ya que la violencia de género y aún la violencia institucional incursionan en varios ámbitos, existiendo normativa específica -incluso en Entre Ríos- que previene y sanciona la violencia en el ámbito laboral”.
También expresaron que “Cañete cuenta con numerosos y reiterados pronunciamiento judiciales adversos por conductas del todo apartadas de la legalidad, siendo ahora el primer y único funcionario hasta la fecha condenado como responsable de conductas delictivas establecidas judicialmente en su materialidad, autoría y plena responsabilidad, por lo que no cabe sino receptar la presente impugnación, decretando la inhabilidad del mencionado Fernando Cañete para aspirar domo candidato a renovar su cargo de presidente de la obra social provincial”.
Pese a todo, no sabemos las “poderosas razones” , van por la reelección de un hombre acusado de acoso laboral y violencia de género por la justicia. Tecnicismos más, tecnicismos menos, muestran que la vara con la que miden, no es para todos y todas iguales.
