El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, sostuvo que la magistrada Laura De Marinis incurrió en un severo incumplimiento de sus funciones tras sobreseer a un menor de 14 años imputado por tentativa de robo.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este domingo la ratificación formal de la solicitud de jury de enjuiciamiento contra la jueza Laura De Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad. La medida de la magistrada se produjo en el marco del sobreseimiento de un menor de 14 años acusado de tentativa de robo en territorio porteño.
Desde el Ejecutivo de la Capital Federal remarcaron que la magistrada incurrió en una falta grave a las obligaciones inherentes a su cargo e invalidó las atribuciones constitucionales de los poderes Ejecutivo y Legislativo. La petición fue radicada formalmente ante el Consejo de la Magistratura de CABA, organismo encargado de evaluar el desempeño del fuero local.
“Trabajamos en el cumplimiento de la ley, y que quien no la cumpla tenga consecuencias. Para nosotros este tipo de fallos representan un incumplimiento de la función.” — Gabino Tapia, Ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Posibles sanciones e impugnación fiscal.
El procedimiento institucional iniciado contra De Marinis contempla un abanico de resoluciones disciplinarias que van desde apercibimientos y suspensiones temporales hasta la destitución de su cargo. Frente a las críticas sobre la medida, el ministro Tapia enfatizó que la solicitud del Ejecutivo no constituye una acción persecutoria ni un “escrache”, sino el uso de los canales institucionales previstos para garantizar la idoneidad del fuero porteño.
En el plano procesal, el fallo dictado por la magistrada ya fue objetado por la fiscalía de Cámara, que solicitó revocar la declaración de inconstitucionalidad dictada por De Marinis para revertir el sobreseimiento del joven involucrado.
Alerta por el impacto en la seguridad ciudadana.
Desde la administración de la Ciudad advirtieron sobre las secuelas que este tipo de pronunciamientos judiciales generan sobre la estrategia global de prevención del delito. Según las autoridades, las resoluciones que liberan de manera inmediata a menores imputados neutralizan los operativos de las fuerzas policiales en la vía pública.
“Todos los índices de delitos en la Ciudad están bajando, pero si los detienen y vuelven a soltar, no hay sistema de seguridad que aguante”, graficó el titular de la cartera de Justicia local.
La controversia reencendió además el reclamo de las autoridades de la Ciudad ante la Nación para acelerar la transferencia completa de las competencias judiciales pendientes, argumentando que la estructura judicial porteña posee la capacidad operativa para gestionar los procesos penales respetando las garantías procesales y resguardando la seguridad pública.
Redacción: Nova Comunicaciones.
