SLB, Baker Hughes y Halliburton anunciaron que evitarán operar en Malvinas tras el decreto que endureció sanciones.
Las tres compañías líderes a nivel mundial en servicios petroleros —SLB, Baker Hughes y Halliburton— confirmaron oficialmente que no participarán en proyectos de extracción de hidrocarburos en las Islas Malvinas ni en sus áreas marítimas circundantes.
La determinación corporativa responde al drástico endurecimiento del marco normativo y sancionatorio promovido por el gobierno argentino, buscando resguardar sus estructuras operativas y blindar sus millonarios contratos vigentes en el sector energético nacional frente a eventuales contingencias legales o restricciones contractuales.
El resguardo de las inversiones energéticas en el territorio nacional.
La postura adoptada por las multinacionales responde directamente a la promulgación del Decreto 868/26, normativa que exige una declaración jurada de no operatividad en el archipiélago austral a toda firma que pretenda acceder a los beneficios e incentivos fiscales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Firmas de la envergadura de SLB, que mantiene convenios estratégicos con operadoras de primer nivel como YPF, Vista Energy, Tecpetrol y Pluspetrol, optaron por priorizar el flujo de trabajo proyectado en yacimientos clave como Vaca Muerta.
De esta manera, los gigantes petroleros buscan eludir la lista negra del Poder Ejecutivo, que ya contempla acciones punitivas contra 45 firmas y ejecutivos vinculados a la exploración no autorizada en el Atlántico Sur.
El impacto directo sobre la viabilidad del proyecto Sea Lion.
El desmarque de los principales proveedores de tecnología y asistencia técnica internacional asesta un golpe decisivo al avance del proyecto offshore Sea Lion, liderado por las operadoras Navitas y Rockhopper.
El emprendimiento británico proyectaba una inversión de US$ 1.800 millones con horizonte de inicio de producción hacia 2028 y una estimación de extracción inicial de 55.000 barriles diarios sobre reservas probadas de 408 millones de barriles.
Sin embargo, la imposibilidad de contratar infraestructura pesada y servicios especializados de primera línea complica los plazos operativos del consorcio, al tiempo que la administración nacional acelera la instalación de una base naval estratégica en Tierra del Fuego y refuerza los reclamos de soberanía territorial en foros internacionales.
