La medida de eliminar el artículo 44 de la reforma laboral deja sin efecto las escalas del 50% y 75% y mantiene el régimen de la LCT sobre licencias médicas; la UIA reclama alternativas para pymes.
El Gobierno decidió retirar del proyecto de reforma laboral el artículo 44, que proponía cambios al régimen de licencias médicas. La movida deja sin efecto las novedades que buscaban segmentar pagos y plazos por enfermedad inculpable y confirma la vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo en el punto más debatido entre sindicatos y cámaras empresarias.
Qué proponía el artículo 44 de la reforma laboral.
El artículo eliminado establecía escalas según el origen de la dolencia: si la lesión respondía a una conducta riesgosa del trabajador, el pago bajaba al 50% durante plazos que variaban entre tres y seis meses según cargas de familia, y para afecciones sin vínculo voluntario se contemplaba un pago del 75%. También se preveía un criterio para enfermedades crónicas.
Además, el texto original blindaba esos porcentajes frente a suspensiones patronales y proponía que los pagos fueran no remunerativos, para que el trabajador perciba el ingreso sin cargas. Hubo incluso la idea de mantener la redacción y sancionar aparte una norma única que garantice el 100% en casos graves, aunque por ahora no hay decisión oficial.
Reacción empresarial y la UIA.
La eliminación generó repercusión en la cúpula empresaria. La UIA, que integró las mesas del Consejo de Mayo, dijo que el asunto de las licencias médicas “tuvo un tratamiento profundo”. Su presidente, Martín Rappallini, explicó: “Nosotros habíamos planteado en algún momento que se pagara el 100% del salario pero no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”.
Las cámaras empresarias reclamaban que el costo de la enfermedad no recaiga completamente en las firmas y alertaban por una “industria del ausentismo” y certificados repetidos. La propuesta original buscaba pagar el neto de bolsillo y eximir temporalmente del pago de cargas, una fórmula que los empresarios ven como un alivio para la previsibilidad y la competitividad.
Para las pymes, sostener un salario sin contraprestación y con las cargas sociales sigue siendo un problema. La LCT obliga a pagar el salario completo durante períodos que suelen ir de tres a seis meses, y puede extenderse hasta doce meses si el trabajador tiene cargas de familia, lo que aumenta la litigiosidad y presión financiera.
El Ejecutivo apuesta ahora a acelerar el tratamiento de otros ejes de la reforma laboral, priorizando los puntos con mayor acuerdo técnico y político. La supresión del artículo 44 marca un equilibrio entre la demanda patronal de bajar costos y la necesidad de preservar el financiamiento del sistema de seguridad social, dejando abiertas futuras negociaciones.
