El proyecto del Gobierno propone un nuevo Régimen Penal Juvenil, con un sistema diferenciado para adolescentes y fondos previstos en el Presupuesto 2026.
El Gobierno reactivó en el Congreso la discusión sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil al presentar nuevamente su proyecto, que propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años y acelerar su tratamiento parlamentario.
La intención oficial es que la iniciativa sea analizada en comisiones y pueda llegar al recinto de la Cámara de Diputados en los próximos días.
El proyecto, ya presentado el año pasado por el Poder Ejecutivo, vuelve a poner en debate la responsabilidad penal de los menores en delitos graves. Propone bajar la edad de 16 a 13 años, aunque podría sufrir cambios en el Congreso.
El Gobierno negocia cambios y asegura financiamiento para la reforma.
En la oposición dialoguista anticipan que el consenso político no acompañaría la propuesta original de 13 años, sino que el piso podría fijarse en 14 años, como se había trabajado en dictámenes anteriores. Por eso, se prevé que el texto sufra modificaciones en comisión antes de llegar al recinto.
Uno de los puntos que comenzó a destrabarse es el financiamiento. El oficialismo confirmó que el proyecto ahora incluye partidas presupuestarias específicas para 2026, con fondos destinados al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, un reclamo clave que había frenado la iniciativa el año pasado.
Según el cronograma legislativo, la intención es emitir dictamen en un plenario de comisiones y avanzar con el debate en la Cámara de Diputados en los próximos días.
El Gobierno propone imputabilidad desde los 13 años.
El proyecto del Gobierno habilita la imputabilidad a partir de los 13 años para delitos graves y establece un régimen juvenil diferenciado, con penas de hasta 20 años sin prisión perpetua.
La iniciativa prioriza medidas alternativas para menores, crea institutos específicos para adolescentes y refuerza tanto los derechos de los jóvenes procesados como los de las víctimas.
