Poder y negocios
Son giros en el exterior de socios y financistas vinculados al mundo K. Los datos los hallaron los fondos buitre y los enviaron a la ex procuradora del Tesoro. Ella intentó hacerlos desaparecer. Aparece un hijo de Báez.
Esta historia empieza, como tantas, en Río Gallegos, Santa Cruz. Sigue en Buenos Aires. Después en Nueva York. Y se diversifica a ciudades de varios países, exóticas o cosmopolitas, en las que sin embargo funciona un lenguaje común internacional: el de los bancos y las empresas off shore. Esta historia es una historia de 492 millones de dólares que fueron transferidos a cuentas de los cinco continentes por 21 personajes y sociedades comerciales vinculadas a los Kirchner. Algunos de esas personas están siendo investigadas por la Justicia en casos de lavado de divisas o corrupción. Son operaciones que el Estado Nacional K intentó ocultar. Lo hizo la Procuradora General del Tesoro, Angelina Abbona, quien se llevó esa documentación antes de dejarle su cargo a su sucesor, Carlos Balbín. Era información obtenida a través de seis bancos distintos por los fondos buitres en un juicio que se desarrollo bajo jurisprudencia estadounidense por decisión de Néstor Kirchner. Clarín había revelado desde 2014 algunos de estos movimientos ocultos.
Cuando supo que debía dejar su cargo, Abbona intentó llevarse a su casa esa documentación clave. Pero alguien la encontró. El programa del domingo PPT, de Jorge Lanata, difundió el contenido de otra buena parte de las operaciones bancarias que los Kirchner quisieron ocultar. El informe sobre esta acción insólita tomada por el Poder Ejecutivo K fue titulado “CristinaLeaks”. Fuentes del caso afirman que Abbona se llevó al sur austral la información por orden de la ex presidenta.
La Procuradora es la jefa de los abogados que deben velar por los intereses de la Nación en todos los juicios. Fue justo a través de ese organismo que los Kirchner buscaron que no trascendieran las maniobras de sus socios o financistas vinculados a ellos.
Entre los documentos difundidos por PPT están registrados movimientos millonarios de hijos del ex socio de Cristina Fernández, Martín Báez. Del financista histórico de la familia, Ernesto Clarens. Del abogado de los Báez, Jorge Chueco, operador en la financiera SGI, hoy preso junto a su ex jefe en el penal de Ezeiza. De Federico Elaskar, ex propietario de esa financiera, apodada “La Rosadita” por su vinculación con el poder, quien a pesar de estar embargado por juicios incluso de una empresa familiar logró girar montos millonarios a los Estados Unidos.
Clarín había adelantado también sobre el intento de ocultamiento de estas cuentas descubiertas por los buitres, de cómo el Gobierno K supo del tema. PPT mostró nuevas revelaciones de los “CristinaLeaks”, tras analizar alrededor de 3.500 páginas que incluyen miles de operaciones bancarias. El programa también mostró el origen de la información, el estudio que defendió a la Argentina en el juicio contra los buitres.
¿Por qué el Gobierno K le ocultó a la sociedad que los buitres encontraron esas transferencias bancarias millonarias vinculadas al poder K?
La ex Procuradora Abbona se vio obligada a devolver parte de la información que se había llevado a su casa. El actual jefe de los abogados del Estado, Balbín, aportó esa información a la causa judicial conocida como La Ruta del Dinero K. El fiscal del caso, Guillermo Marijuán, pidió la indagatoria de Abbona. La acusa de haber cometido el delito de encubrimiento.
Entre el contenido de los “CristinaLeaks” se encuentran, entre otros, movimientos de uno de los hijos de Lázaro Báez, Martín, por 1.340.090 dólares a través del Standar Bank. Y también giró dólares mediante cuentas del HSBC.
De la información se desprende también que Jorge Chueco (abogado asesor de Báez) hizo transferencias mediante el Standar Charter por doscientos quince mil dólares, entre otras operaciones.
El financista clave en el armado de los negocios de la obra pública nacional K, Ernesto Clarens, usó el HSBC y el Citibank, por caso, para girar millones de dólares a cuentas a su nombre y de otras a nombre de empresas a bancos de China o las Islas Vírgenes. Una de las firmas vinculadas a este financista, que fue amigo y consejero de Néstor Kirchner durante décadas, se llama Fairland International.
La empresa suiza Helvetic Services Group, compradora de SGI e investigada por lavado en La Ruta del Dinero K, también está involucrada en los “CristinaLeaks”. Esa firma movió 34.546.966 dólares mediante el Citibank, el HSBC, el Bank of America, el banco suizo UBS, y el Estándar Bank. Todos esos millones dieron vueltas por bancos de varios países: pasaron por Montevideo, Panamá, Zurich, Andorra, Hong Kong.
En el contenido de los “CristinaLeaks” también hay fondos que transferidos al exterior por empresas y personajes de 123 empresas radicadas en Nevada, Estados Unidos, que la Justicia de ese país determinó que están vinculadas a los Báez. Todas son manejadas por otra compañía más registrada en el paraíso fiscal y geográfico que son las Islas Seychelles: esa firma se llama Aldyne LTD. El juez y el fiscal de La Ruta del Dinero K planean viajar al exterior en busca de más información.
En el 2013, en medio del comienzo de la investigación de La Ruta del Dinero K, Cristina Fernández aprovechó un viaje presidencial oficial para hacer una parada en Seychelles. Esa escala se informó mucho tiempo después mediante el Boletín Oficial, detectó el entonces diputado Gerardo Millman.
En Seychelles está registrada la firma que controla a las 123 empresas de Nevada, y que a su vez tiene representantes en la Argentina, como la misteriosa Helvetic Group.
En los “CristinaLeaks” se confirma que los beneficiarios finales de Aldyne, o sea, también de las 123 empresas que la Justicia argentina atribuyó a Báez, tiene dos destinatarios finales sugestivos. Uno es el operador de bolsa Jorge Galitis. Otro es el abogado Edgardo Levita, quien manejó, según denuncias de la oposición, una empresa de aviones privados que la familia Kirchner usó mientras ocupaba la Presidencia de la Nación.
Levita figuró además como representante en la Argentina de Helvetic Services Group.
Levita fue quien más se movió para frenar la investigación sobre La Ruta del Dinero K cuando era investigada por el fiscal José María Campagnoli. Lo hizo en consonancia con el Gobierno K. El abogado interpuso un recurso de amparo en varios medios, incluido Clarín, para que su nombre no se mencione y se le pida derecho a réplica.
Las revelaciones sobre “CristinaLeaks” acaban de empezar.
Fuente: Clarín
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