LA TITULAR DEL JUZGADO 11 EN LO PENAL ECONÓMICO, MARÍA VERÓNICA STRACCIA, DISPUSO VARIOS ALLANAMIENTOS, EFECTUADOS POR EFECTIVOS DE LA PREFECTURA, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES INICIADAS POR LA AFIP CONTRA ESE CONGLOMERADO EMPRESARIO POR INSOLVENCIA FRAUDULENTA.
La titular del Juzgado 11 en lo Penal Económico, María Verónica Straccia, dispuso varios allanamientos en firmas del Grupo Indalo, que son concretadas por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en el marco de las acciones iniciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra ese conglomerado empresario por insolvencia fraudulenta.
Los allanamientos fueron confirmados por la empresa en horas de la tarde, en el que señaló que “el Grupo Indalo colaboró facilitando toda la documentación solicitada en tiempo y forma. Asimismo a través de sus abogados dentro de las 72 horas se presentará voluntariamente la documentación adicional que no fue ubicada durante las diligencias”.
Recordaron además, “que el martes 15 de marzo de forma espontánea se presentaron ante el Juzgado el señor Cristóbal López y el señor Fabián De Sousa para ponerse a disposición de la Justicia”.
Los allanamientos se concretaron esta tarde en las oficinas del canal de noticias C5N, en la sede de la petrolera Oil, la empresa Inversa, la consultora Deloitte, dos agencias de la AFIP (11 y 51) y en otros dos locales de la empresa petrolera en Comodoro Rivadavia, informaron a Télam fuentes del ente recaudador.
El lunes pasado, la dependencia conducida por Alberto Abad presentó una denuncia penal contra los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.
La cuestión cobró vida el último fin de semana, luego de que una investigación periodística publicada por el diario La Nación hiciera público que la firma Oil -propiedad del Grupo Indalo- retuvo la liquidación de 8.000 millones de pesos correspondientes al pago del impuesto a los combustibles.
En la denuncia presentada por la AFIP, se sostiene que “el presunto delito se basaría en que se habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva”.
En la presentación detallan que la maniobra en cuestión se habría desarrollado en cuatro pasos: en el primero, “Oil Combustibles” percibía el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles de parte de los distintos operadores de la cadena de valor.
Luego la empresa obtenía sucesivos Planes de Pago para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas “cuya procedencia estaría viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento”.
En la tercera etapa concretaban una presunta “readecuación periódica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda” y luego realizaban el traspaso de las sumas retenidas por Oil Combustibles SA en el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles, a distintas empresas que componen el Grupo Indalo.
Este tipo de maniobra se habría extendido por espacio de cuatro años, desde el 2012 hasta el 2015 inclusive.
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