Tras publicación del periodista Ricardo David: se inició investigación penal y allanamientos por el fraude en Vialidad con el combustible

Difunde en las redes

After the publication of the journalist Ricardo David: criminal investigation and raids for fraud in road traffic with fuel began.

Luego de la exposición periodística sobre el sistema denominado “YPF en Ruta” que implementó Kueider, el fiscal Ramírez Montrull dispuso varias medias judiciales ahora se espera que el hilo no se corte por lo más delgado también en la Justicia.

El pasado 1º de noviembre este Portal dejaba expuesto un año entero de gravísimas irregularidades cometidas con el sistema denominado “YPF en Ruta” en la Dirección Provincial de Vialidad.

La maniobra de sustracción de fondos públicos y/o robo de combustible se estimaba  en la suma cercana a los 100 millones de pesos e involucra a estaciones de servicios de Paraná, personal y funcionarios del organismo.

En diciembre del 2015 desembarcaba Gustavo Bordet a la gobernación y con el llegaban los discursos de transparencia y austeridad a la Provincia de Entre Ríos, parecía que el nuevo gobernador quería despegarse de todo aquello que fuera corrupción.

Bordet no llegó solo, trajo consigo un número importante de funcionarios de su confianza provenientes de su ciudad, entre ellos el actual secretario general de la gobernación y senador nacional electo, Edgardo Kueider.

El sistema que hasta el 2017 (inclusive) mantenía la Provincia respecto de las compras de combustibles para los vehículos oficiales de todas las reparticiones públicas fue la excusa perfecta para variar el mismo, la mentada transparencia le vino de argumento perfecto.

Hasta allí, en cualquier repartición, para adquirir combustible solo se necesitaba el visto bueno del jefe o jefa del organismo. Es el superior quien autoriza por planilla la cantidad de combustible a adquirir, luego de la compra, la factura de la estación de servicio pasa por el contable respectivo, y si está dentro de lo previsto, se paga. Este es el único control.

Si el empleado o funcionario no compraba efectivamente lo que decía la documentación, si existía algún arreglo con la estación de servicio que lo proveía, y demás, en el contable de la repartición no importaba, no se fijaban en esto, solo que no supere los limites permitidos en la planilla.

La falta de controles, la permisividad de los funcionarios que deben controlar, permitieron que el sistema “viejo”, para denominarlo de alguna manera, se convirtiera en un práctica constante de corrupción tan enquistada en la administración pública que permitía la sustracción de fondos públicos.

La transparencia vino como anillo al dedo haciéndose “imperioso” modificar este sistema a través de un convenio con la empresa YPF SA con el fin de “garantizar la aplicación de los principios de economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos”.

Más allá de los considerandos, desde el vamos, por la ausencia total de controles en la administración, se hacía notorio que el gobierno buscaba “apagar el fuego con nafta”.

En el 2016 a través del decreto 2783, Bordet facultaba a su hombre de confianza, Kueider, a celebrar el acuerdo con la firma, destinándosele 300 mil pesos para el convenio.

Bordet también lo envestía del sumo poder para suscribir adendas, modificaciones, renegociaciones, autorizar y/o efectuar las altas y bajas de los vehículos incluidos en una nómina que en principio fueron 37, para luego ampliarse agregándose otras reparticiones y organismos.

El alta y baja lo hace Kueider, lo mismo que la autorización de los vehículos y el último control de la firma de los Decretos.

El convenio de Kueider tuvo reparos desde un principio, negándose varias reparticiones y organismos a adherirse, en todos los casos el principal cuestionamiento fueron la ausencia de controles que debían hacerse para evitar irregularidades.

Desde un primer momento se le advirtió a la Secretaría General de la Gobernación que el sistema facilitaría un fraude de millones y millones de pesos al erario público. Las advertencias no fueron escuchadas o no quisieron ser escuchadas, ocurriendo el final anunciado y esperado.

Como no podía ser de otra manera, Vialidad, uno de los organismos provinciales más cuestionados por la corrupción estructural, fue el punta pie para desnudar el presagiado fracaso del sistema, con un fraude que perduró por un tiempo cercano al año, estimándose una cifra que oscila en los 100 millones de pesos de desfalco.

Las maniobras irregulares no solo se otorgaron en Paraná, desde otras zonales resonaba la misma denuncia con el sistema de tarjeta para cargas de combustibles de vehículos y maquinarias oficiales, caso de la zonal Uruguay.

Tampoco es el único organismo donde se adhirieron a las tarjetas de YPF y en el cual recaen serias sospechas que dan cuenta de la misma operatoria con tintes delictivos.

Este Portal, luego de lo de Vialidad, publicó el pasado 11 de noviembre el llamativo silencio de la ministerial y las denuncias del mismo modus operandi que en Vialidad con el combustible en la Policía de Entre Ríos.

La denuncia periodística del medio  repercutió enormemente en el ámbito institucional propio de Vialidad como también en la Justicia, aunque en el primero de los casos la investigación se interpreta restrictiva, la conclusión es que se intentaba cortar el hilo por lo más delgado.

Una investigación sumaria que apunta tan solo contra dos empleados y un requerimiento hacia la titular de estación de servicio de Paraná denominada “El Rutero” de calle Av. De las Américas fue el resultado de la exposición de operatorias que involucraban no solo a empleados y funcionarios autorizados para la carga mediante las tarjetas sino también a quienes deben controlar que los pagos por las cargas estén exentos de irregularidades, llamativamente estos quedaron afuera de la pesquisa interna de Vialidad.

Más allá de esto, la consecuencia más importante de la publicación de este medio fue la apertura de una investigación judicial.

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull inicio un legajo por la denuncia de este medio, en principio acotada a lo ocurrido en Vialidad, aunque, se estima, que de los avances de la investigación y de las consecuentes medidas judiciales adoptadas, se llegara al fondo de la cuestión, al menos es lo que se espera en aquellas batallas que se inician en contra de la corrupción.

Entre las primeras medidas del fiscal, tas la publicación y el inicio de la causa, se dispuso el allanamiento en el domicilio de un empleado del organismo vial con asiento en la capital entrerriana.

El resultado de la medida judicial, según indicaron fuentes extrajudiciales, fue positivo, encontrándose algunos elementos de interés para la causa.

Si bien la investigación recién empieza, se espera que, como parece ocurrir en Vialidad, en la Justicia no se corte el hilo por lo más delgado y el fiscal Ramírez Montrull investigue exhaustivamente para poder esclarecer y dar con todos los responsables de este presumible fraude millonario al erario público.

En otras palabras: no solo contra aquellos empleados o funcionarios que habrían ejecutado materialmente la sustracción de millones de pesos en combustible sino también contra aquellos funcionarios que permitieron los hechos a traes de omisiones en los controles, como asimismo, que evalué la responsabilidad de aquellos funcionarios con mayor rango en la administración que facilitaron, a pesar de las advertencias, el cuantioso perjuicio económico al Estado provincial consignó el Portal de Ricardo David.


Difunde en las redes

Comentarios

comentarios