mié. Dic 11th, 2019

Preocupación en la zonal Uruguay de Vialidad por el avance judicial sobre el robo de combustibles

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Concern in the Uruguay Zone of Roads for judicial progress on fuel theft.

Luego de los allanamientos en Paraná, las autoridades mostraron su preocupación en una zonal en la que también se destapó el escándalo, aunque los empleados esperan que el hilo no se corte por lo más fino.

El escándalo por el supuesto robo de combustibles en la Dirección Provincial de Vialidad y otras reparticiones mediante el sistema denominado “YPF en Ruta”, que implementó Edgardo Kueider, derivó en medidas judiciales ordenadas por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.

Entre las primeras medidas del funcionario, tras la publicación de este Portal y el inicio de la causa, se dispuso el allanamiento en el domicilio de un empleado del organismo vial con asiento en la capital entrerriana.

El resultado del operativo policial ordenado por el fiscal fue positivo, ya que se habrían encontrado algunos elementos de interés para la causa, según explicaron fuentes.

Ahora la preocupación es palpable en la zonal Uruguay de la DPV, ya que allí también se destapó el escándalo y temen que puedan darse más procedimientos judiciales que compliquen penalmente a los involucrados.

De todos modos, la investigación recién empieza, y los empleados esperan que la Justicia no corte el hilo por lo más delgado y el fiscal Ramírez Montrull investigue exhaustivamente para poder esclarecer y dar con todos los responsables de este presumible fraude millonario al erario público.

Esperan que las medidas no recaigan solo contra aquellos empleados que habrían ejecutado materialmente la sustracción de millones de pesos en combustible sino también contra aquellos funcionarios que permitieron los hechos a través de omisiones en los controles, y que se evalúen todas las responsabilidades.

Más allá de la expectativa por el avance de la causa también contra quienes permitieron este fraude millonario al erario público, en los pasillos de fiscalía prima la desconfianza, ya que justamente, para llegar al fondo de la investigación, la Justicia debería también arremeter con medidas también contra altos funcionarios involucrados.

La sensación en los pasillos judiciales es de desesperanza, el fuerte blindaje orquestado por el oficialismo provincial en todas aquellas causas en las que están involucrados funcionarios importantes de la gestión de Bordet que salpican al gobernador directa o indirectamente, constituyen el argumento principal de la desconfianza en el avance de la causa.

No hay que olvidarse que este mismo fiscal, el Dr. Ramírez Montrull, tiene bajo su tutela otra investigación de corrupción que involucra a Kueider e incluso a Bordet ante las fuertes sospechas de direccionamiento de la publicidad oficial para la ignota empresa Multimedio Regional SRL de Adrián Bruffal, sin embargo la causa se encuentra parada, existiendo versiones de operaciones de blindajes sobre el titular de la acusación.

La noticia del desfalco con el sistema YPF en Ruta salió a la luz a partir de una publicación de este Portal que expuso un año entero de gravísimas irregularidades cometidas en la Dirección Provincial de Vialidad.

La maniobra de sustracción de fondos públicos y/o robo de combustible se estimaba  en la suma cercana a los 100 millones de pesos e involucra a estaciones de servicios de Paraná, personal y funcionarios del organismo.

A partir de esa publicación, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull inició un legajo y dispuso que se realizaran allanamientos, por la denuncia que en principio se reducía a Vialidad, aunque más tarde se amplió a otros organismos estatales.

En el 2016, a través del decreto 2783, el gobernador Gustavo Bordet facultó a su hombre de confianza, Edgardo Kueider, a celebrar un acuerdo con la firma YPF, destinándosele 300 mil pesos para el convenio.

Bordet también lo envestía del sumo poder para suscribir adendas, modificaciones, renegociaciones, autorizar y/o efectuar las altas y bajas de los vehículos incluidos en una nómina que en principio fueron 37, para luego ampliarse y agregar otras reparticiones y organismos.

El convenio de Kueider tuvo reparos desde un principio, por lo que varias reparticiones y organismos se negaron a adherirse, preocupados y cuestionando la ausencia de controles que debían hacerse para evitar irregularidades.

Desde un primer momento se le advirtió a la Secretaría General de la Gobernación que el sistema facilitaría un fraude de millones y millones de pesos al erario público. Las advertencias no fueron escuchadas o no quisieron ser escuchadas, ocurriendo el final anunciado y esperado.

Como no podía ser de otra manera, Vialidad, uno de los organismos provinciales más cuestionados por la corrupción estructural, fue el puntapié para desnudar el presagiado fracaso del sistema, con un fraude que perduró por un tiempo cercano al año, estimándose una cifra que oscila en los 100 millones de pesos de perjuicio al erario público.

Las maniobras irregulares no solo se dieron en Paraná, desde otras zonales resonaba la misma denuncia con el sistema de tarjeta para cargas de combustibles de vehículos y maquinarias oficiales, como la zonal Uruguay.

Allí hay una enorme preocupación por el avance de la causa judicial, ya que temen que los allanamientos se realicen también en esa zonal.

Sin embargo, el pedido de los empleados es que no se corte el hilo por lo más fino, como ha ocurrido, y que se llegue al fondo de la cuestión para determinar también las responsabilidades de los funcionarios y jefes.

Aunque por los comentarios en los pasillos del Poder Judicial, prima la desconfianza con el accionar en fiscalía.

La lamentable y evitable muerte de la joven docente, Pamela Smail, reaviva este tipo de causas nacidas de la corrupción estructural que impera en el Gobierno, millones de pesos en que los entrerrianos fueron defraudados que se espera que se destinen a obras, a rutas, y no al beneficio personal de los funcionarios.

Fuente:El portal de Ricardo David.

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