Morales denunció una conspiración de los cooperativistas que asesinaron a un funcionario-Nova

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BOLIVIA VIVIÓ CON CONGOJA Y NO POCA SORPRESA EL DÍA DESPUÉS DE UNA DE LAS JORNADAS MÁS VIOLENTAS A PARTIR DE UNA PROTESTA SECTORIAL, CON CIENTOS DE CIUDADANOS VOLCADOS A DESPEDIR LOS RESTOS DEL ASESINADO VICEMINISTRO DEL INTERIOR, RODOLFO ILLANES.

 

 

Morales calificó a Illanes de “héroe defensor de los recursos naturales” y lamentó la “actitud tan cobarde” de los cooperativistas, mientras el procurador general del Estado, Héctor Arce, dijo que a los asesinos del funcionario les espera una condena de 30 años de cárcel, porque el Gobierno no dejará en la impunidad ese crimen.

Aunque las protestas no cedieron y hasta se tensaron más con la muerte de tres manifestantes -el gobierno solo reconoce dos- y el crimen de Illanes, el Ejecutivo se anotó un pequeño éxito con la liberación de dos policías que estaba secuestrados por cooperativistas en el pueblo de Kami, Cochabamba, desde hacía dos días.

Morales, tras una reunión de gabinete de la que participaron también los presidentes de las cámaras legislativas, denunció que detrás de la movilización de los cooperativistas hay una conspiración, al deslizar que algunos dirigentes apoyan a la derecha y en otros casos empresarios mineros se hacen pasar por representantes del sector para defender la capitalización, en sintonía con la oposición boliviana.

El jefe de Estado aseguró que el diálogo siempre estuvo abierto, en todo momento, y negó que se haya instruido a la Policía portar armas letales para trasladarse a los puntos de bloqueo con el objetivo de despejar las vías tomadas, por lo que señaló que “sospechosamente hubo muertes”.

El gabinete decidió declarar duelo nacional por tres días sin suspensión de actividades, refirió la agencia estatal ABI, que dio cuenta de cientos de ciudadanos llegaron al Palacio de Gobierno para el velatorio de Illanes, un abogado de 58 años que fue asesor de Morales y un “hombre comprometido” con el apoyo a los sindicatos campesinos.

Los mineros rechazan la norma que estimula la formación de sindicatos en las cooperativas porque la consideran perjudicial para el funcionamiento de ese tipo de organizaciones.

Según medios locales, los mineros comenzaron a suspender hoy los bloqueos que realizaban en rutas del oeste y el centro del país.

El ataúd con el cuerpo de Illanes fue trasladado desde una funeraria privada hasta el Palacio Quemado de La Paz, donde lo esperaron Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

El cadáver del viceministro fue recuperado de madrugada en una carretera de la localidad de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz, y trasladado a la capital para que se le practicara la autopsia, que en principio determinó que murió por un derrame cerebral causado por golpes.

En los cruces de declaraciones se conoció que un dirigente minero hizo amenazas públicas contra la vida de Illanes, según un audio que difundió la radio Erbol.

El presidente de la Cooperativa 20 de Octubre de la mina Siglo XX de Potosí, Josué Caricari, hizo varias amenazas sobre Illanes si se producían nuevos operativos policiales contra los bloqueos. “Está el viceministro con nosotros, (si) pasa algo, al primero que vamos hacer… tenemos dos cajones (ataúdes); van a ser los dos que van en los cajones. Hay un policía más que está detenido”, dijo.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó en tanto que se liberó a los dos policías que estaban secuestrados por cooperativistas en Kami. “Han sido entregados ya los policías. Han sido liberados”, dijo en una conferencia de prensa, en la que detalló que medió en el proceso un párroco de la comunidad.

Las víctimas del caso eran el suboficial Germán Aruquipa Acarapi, de 63 años, y el policía David Mamani Mamani, de 37 años, quienes fueron sacados de su oficina cuando cumplían su turno y llevados al Campamento Minero Patiño, ubicado a dos kilómetros del pueblo de Kami.

La voz más dura del gobierno provino del fiscal Arce, que remarcó que “los autores materiales de este hecho tienen que saber que lo que han cometido tiene una pena de 30 años de cárcel en este país, en esta democracia, en esta institucionalidad” y subrayó que “por respeto” al propio país “no se va a dejar en la impunidad ninguna muerte”.

A su turno, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) expresó indignación por la violencia desencadenada en el conflicto y reclamó no ceder “irresponsablemente a la lógica perversa de la violencia, con presiones irracionales, agresiones criminales, confrontaciones y represalias”.

El secretario general de la CEB, Aurelio Pesoa, leyó en Cochabamba un comunicado en el que los obispos elevan su “voz de dolor, indignación y denuncia por la espiral de violencia que envuelve” al país “y que ya ha cobrado la vida de al menos tres hermanos bolivianos, además de numerosos heridos”.

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